Ciudad de México.- Con velos largos, vestidas de blanco y flores, 31 mujeres protestaron frente a los Juzgados de lo Familiar en la Ciudad de México en demanda que las autoridades sancionen a los deudores alimentarios.
Organizadoras explicaron que esta cifra de 31 simboliza igual número de casos que han sido defendidos por activistas y no han alcanzado la justicia.
Ingrid Tapia, abogada que lleva 20 años sin poder emplazar o llamar a cuentas a la autoridad a su marido que también es abogado, encabezó la protesta.
Ella representa al Caso 992, nombre de la organización que se ha dedicado a defender a las mujeres contra la violencia vicaria.
“¡Pero no somos 31, somos millones!”, señaló Alejandra Yáñez, miembro de la asociación y amiga de Ingrid.
Entre los casos mencionados con nombres modificados se mencionó el de Rosa Negra, que estuvo en Santa Marta Acatitla 3 meses y después iba a firmar otro medio año. Fue condenada por robo de leche de fórmula y pañales, lo cual ascendía a 502 pesos.
Cuida enfermos y adultos mayores por las noches y mientras ella sale a trabajar, su hija de 13 años cuida de su hermanito, que hoy ya tiene 7 años y padece cáncer testicular. Los tres viven en casa de su abuela materna.
También está el caso de Clavel, que se casó por sociedad conyugal y terminó entregando al marido el departamento que ella sacó con un crédito que tardó en pagar 16 años, mientras, acusó, él ni un peso dio.
“Aceptó porque eso era mejor que ser encañonada con una escuadra calibre 45. Nunca le han dado nada porque resulta que ella es muy inteligente y trabajadora y por eso no necesita de “ayuda”, se leyó.
PM
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