Existen tres órdenes de aprehensión contra personas que se oponen a la construcción de un pozo de agua particular en la comunidad Pozo Grande de Actopan; los hechos por los que se les acusa son por daño a la propiedad y lesiones.
Así lo informó el diputado local Fortunato González Islas, quien atendió a los manifestantes este martes durante la protesta que mantuvieron en la sede del Poder Legislativo en Pachuca.
Sin embargo, no se detalló quién es el ente o persona que demanda a los habitantes de la comunidad en Actopan.
LEE TAMBIÉN: Acusan privatización de agua en Actopan; habitantes protestan en Congreso de Hidalgo
Durante la manifestación que realizaron este martes en el Congreso local, habitantes de Pozo Grande aseguraron que existen tres órdenes de aprehensión en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por los bloqueos en los pozos de agua que hicieron en días pasados.
De acuerdo con el diputado Fortunato González Islas y la legisladora Lisset Marcelino Tovar, quienes atendieron a los inconformes, dichas órdenes de detención son por daño a la propiedad y lesiones.
PROPORCIONARÁN ABOGADO
El asambleísta González Islas declaró que proporcionará un abogado sin costo para que enfrente tales demandas, pues aseguró que derivaron de su lucha por el derecho al agua.
“A algunos se les acusa por daño a la propiedad, otros por lesiones, cuando nunca agredieron a nadie. Hay diversas denuncias, entonces hay que generar un panorama completo con los expedientes y poder resolverlos”, comentó el legislador de la Huasteca.
MESAS DE TRABAJO
Luego del bloqueo en la sede del Poder Legislativo que manifestantes mantuvieron por casi tres horas mientras una comitiva dialogaba al interior del inmueble con asambleístas, lograron alcanzar un acuerdo.
Como solución, se propuso la implementación de mesas de trabajo para resolver el conflicto por un pozo de agua particular que fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a una mujer llamada Alicia Castañeda Moreno.
Dicha acción fue catalogada como un acto de privatización del agua por las y los habitantes de por lo menos 17 comunidades que serán afectadas en caso de que dicha obra concluya.
En próximos días la representación de los manifestantes visitará nuevamente el Congreso local para comenzar los diálogos.