Guanajuato, Guanajuato.- La diputada Alma Alcaraz Hernández, de Morena, presentó una iniciativa para que quien cause la muerte de un menor de edad tenga una pena de 30 a 60 años de prisión.
Hoy no está establecido un castigo por este delito contra menores de edad específicamente.
También planteó tipificar como homicidio calificado a quien cause la muerte de un menor por detonación de arma de fuego, aunque esta no sea intencional sino producto de fuego cruzado o bala perdida.
Esto, mediante una reforma al Artículo 153 del Código Penal del Estado.
En su iniciativa de reforma a otra ley, planteó que el presupuesto para los menores de edad nunca sea aprobado en menor cantidad que el año anterior. Y que el Sistema de Niñas, Niños y Adolescentes, esté obligado a dar asistencia a los menores de edad en todo momento, no solo en los casos de abuso sexual.
Que el titular de la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes sea nombrado por el Congreso y no por el Gobernador, dure ocho años en el cargo, que tenga un representante en cada municipio y que el sistema de ese rubro sea integrado por 13 representantes de la sociedad civil, especializados en la materia.
La legisladora morenista además propuso eliminar que los integrantes del sistema estatal tengan un suplente, porque actualmente asisten más los suplentes que los titulares.
Alma Alcaraz argumentó que los niños son el sector más vulnerable en esta ola de crímenes que se asientan en la entidad.
Refirió que Guanajuato concentró el mayor número de niños asesinados, con 249, y Guanajuato ocupa el primer lugar nacional con 136 casos en homicidios de menores con armas de fuego.
En lo que va de 2022 se registraron 221 desapariciones de menores de edad, 36 de ellos en Irapuato, 34 en Celaya, 16 en León y 12 en San Miguel de Allende.
La realidad que día a día viven nuestros menores parece no ser la misma que ven las autoridades… Queda plenamente demostrado que la seguridad de los menores no es prioridad en este Estado”, afirmó.
Consideró que La Ley de los Derechos de los niños crea dos estructuras burocráticas inoperantes: el Consejo Estatal y la Procuraduría Estatal.
“El diagnóstico que se hizo está absolutamente fuera de la realidad y esto no ha servido para reducir la violencia y los homicidios”, dijo.
MTOP