El 11 de octubre de 2021 presenté ante la Contraloría Municipal una queja contra quien resultara responsable por la presunta comisión de conductas irregulares relacionadas con la reducción de un terreno que ocupa un jardín de niños, modificando un acuerdo de Ayuntamiento y sin haber tomado en cuenta a los colonos, cambiándole el destino de equipamiento urbano (kínder) al de “lote baldío”, para con base en eso, subastarlo posteriormente y venderlo a un particular.
Como resultado de las investigaciones y análisis llevados a cabo por la Contraloría Municipal, el 9 de diciembre de 2021, esta dependencia determinó que sobre el asunto arriba mencionado se habían cometido tres faltas administrativas, una de ellas calificada como grave, y que recaía en el extesorero municipal de la Administración 2019-2021, el C. Enrique Sosa Campos, al haber emitido un oficio girado a la Secretaría de Educación de Guanajuato, solicitando su conformidad para llevar a cabo la modificación de un acuerdo de donación emitido por el Ayuntamiento de León desde el año de 2010 y que significaba reducir al kínder casi la mitad de su terreno para después venderlo, mediante subasta, a un vecino del fraccionamiento residencial colindante.
No obstante lo anterior, con fecha 5 de abril de 2022, la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a pesar de reconocer que el extesorero municipal emitió un oficio “valiéndose de atribuciones que no tenía conferidas” y que no tenía facultades para “solicitar la modificación de un acuerdo del Ayuntamiento”, decidió declarar la inexistencia de la responsabilidad administrativa, resolución que fue confirmada posteriormente por el pleno del mismo tribunal y que actualmente se encuentra impugnada mediante un recurso de revisión y juicio de amparo interpuestos hace unos días por la Contraloría Municipal.
A pesar de las resoluciones y evidencias señaladas tanto por la Contraloría Municipal como por el mismo Tribunal de Justicia Administrativa, el extesorero municipal ha promovido ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, una queja diciendo que mi postura como Síndico del Ayuntamiento, al denunciar y solicitar que se investiguen posibles afectaciones al patrimonio leonés, le han causado un perjuicio y daño a su imagen profesional frente a la sociedad de León y del estado de Guanajuato, a la que ha “servido” por más de 27 años y que, por lo mismo, se han violado sus derechos humanos.
Esa aseveración es cínica, pues Enrique Sosa busca cuidar una reputación que no tiene, lo que sí tiene son antecedentes ampliamente conocidos por la opinión pública. Los derechos humanos del extesorero no están por encima de los derechos civiles que tienen todos los leoneses para asegurarse, a través de sus representantes populares, que cualquier daño a la hacienda pública será revertido.
Bajo la óptica de Enrique Sosa, lo que corresponde es perseguir al denunciante, ya que para él, no tiene nada de malo quitarle un pedazo de terreno a un jardín de niños en una colonia popular para venderlo a un particular que colinda con ese predio.
Por supuesto que estamos combatiendo esa queja con la verdad pública que todos los leoneses deben saber; hay criterios y tesis jurisprudenciales que me asisten. La ciudadanía tiene derecho a estar informada de los asuntos públicos del Municipio.
Sosa hubiera querido que me quedara callado, para que sus 27 años de haber “servido” a la sociedad de León, no quedaran en evidencia como años que más bien se ha servido de nuestra ciudad. La sociedad de León ya emitió su juicio social y moral sobre el asunto del kínder. Mi maestro, el extesorero Gilberto Enríquez, jamás hubiera permitido que esto sucediera.
LALC