Argentina.– La ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, renunció el viernes en disconformidad con un operativo de las fuerzas federales que desalojó a indígenas mapuches de terrenos fiscales y privados en la Patagonia.
La Gendarmería (policía de fronteras) y la Policía Federal -que dependen del gobierno nacional- intervinieron por orden judicial a principios de esta semana en Villa Mascardi, una localidad turística de la provincia de Río Negro, a unos 1.600 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, que en el último tiempo ha sido epicentro de numerosas usurpaciones llevadas a cabo por grupos violentos que se autoproclaman miembros de la comunidad mapuche.
“Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niños, con participación de fuerzas federales, me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, expresó Gómez Alcorta en su carta de renuncia.
Durante el operativo fueron detenidas seis mujeres, algunas con niños de corta edad, porque habitaban viviendas en los predios que habrían sido usurpados. Las detenidas fueron trasladadas a un penal federal en Buenos Aires.
“En lo personal, siento que con este hecho se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente de este ministerio”, argumentó Gómez Alcorta.
Abogada especializada en derechos humanos, Gómez Alcorta fue la primera funcionaria a cargo del Ministerio de Mujeres creado por el presidente Alberto Fernández cuando asumió en diciembre de 2019.
El mandatario aceptó la renuncia de Gómez Alcorta y aun no designó reemplazante.
Las denuncias de propietarios de tierras en la provincia de Río Negro sobre la presunta usurpación de sus propiedades se han incrementado en el último año.
Tal como ocurre en el vecino Chile, desde hace años en la Patagonia argentina las comunidades aborígenes reclaman la propiedad del territorio que habitan desde hace siglos, lo que periódicamente genera tensiones y enfrentamientos con las autoridades provinciales y nacionales.
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