Ciudad de México.– De todas las fichas elaboradas por el Ejército mexicano (Sedena) en la vigilancia a potenciales enemigos, entre ellos carteles de la droga, grupos de feministas, padres de niños con cáncer o defensores de la tierra, la vigilancia a los zapatistas del EZLN es la más estrecha y detallada.
La información obtenida de la masiva filtración de correos permite saber que el Ejército está obsesionado con las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
El seguimiento incluye detalladas fichas en las que se incluye detalles de eventos, descripción de líderes y fotografías de simpatizantes. También existe un diagnóstico sobre el futuro del grupo que ha permitido ver la fijación del Ejército con un movimiento indigenista que jamás disparó un tiro, pero que declaró la guerra al Estado en 1994.
Hasta nueve documentos distintos dan cuenta del funcionamiento de los caracoles, los movimientos del subcomandante Galeano -antes conocido como Marcos– o las actividades políticas de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, precandidata presidencial en los comicios de 2018.
Gran parte de la preocupación castrense sobre los indígenas tiene que ver con su postura sobre algunos de los mega proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento titulado Postura del EZLN por la construcción del Tren Maya, de enero de 2020, se revela la investigación que la Sedena realizó en las regiones con presidencia zapatistas intentando averiguar la forma en que los insurgentes actuarían contra dichas obras.
Según las conclusiones que sacan los soldados enviados al evento, las afirmaciones del subcomandante Galeano -identificado como Rafael Sebastián Guillén Vicente- sobre que el movimiento está en crecimiento, son falsas y la falta de recursos económicos han mermado el acarreo de bases de apoyo por lo que el EZLN actuará únicamente martilleando en la opinión pública nacional e internacional.
“Al no tener poder de convocatoria para contrarrestar los proyectos, únicamente se limitará el discurso y a atacar de manera mediática al Gobierno federal por la implementación de mencionados proyectos, asesorados por organismos de derechos humanos y observadores internacionales”, señala el informe.
El rechazo del movimiento a dichas obras se basa en la idea de que el Gobierno y las empresas privadas extraerán los recursos naturales del territorio, incluyendo agua, maderas y minerales, por lo que el ecosistema se vería afectado.
Sin embargo, según Sedena, el movimiento ha perdido adeptos gracias a la puesta en marcha “de programas sociales como ‘Sembrando vida’, que no han sido del agrado de la comandancia, o por la cooperación forzosa de 200 pesos mensuales por adulto, así como por la cooperación familiar mensual del 10 % de la venta de productos agrícolas”.
En otro PowerPoint de enero de este año, con motivo de las celebraciones del 26 aniversario del levantamiento de 1994, se confeccionó un documento donde se describe a líderes, municipios y actividades.
En una de estos documentos titulado “Actividades realizadas por militantes del EZLN” se señala: “Actualmente, el Caracol II Oventic, San Andrés Larrainzar, Chiapas, es el que representa mayor relevancia, debido a los eventos que han realizado y actividades de adoctrinamiento al que asiste regularmente Rafael Sebastián Guillen Vicente (a) “Galeano”.
En otro documento, una fiesta zapatista se describe de la siguiente forma: “Fecha y lugar: 26 al 29 Dic. 2019. Caracol IV, Mpio. Autónomo 17 de Noviembre” ( Altamirano, Chis.). Actividad: “Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que luchan”. Realizaron actividades culturales (teatro, danza, poesía y bailes regionales). Número de participantes: Aprox. 3,140 personas (760 bases de apoyo zapatistas, 800 estudiantes, 800 personas nacionales y 780 personas de apariencia extranjera de 43 países), encabezadas por Antonio Hernández Cruz (a) “Moisés”, líder actual del EZLN y Rafael Sebastián Guillen Vicente (a) “Galeano”, figura política, moral e intelectual de citado grupo. Observaciones: Concluyó sin incidentes”, señala la ficha elaborada por los militares.
Todo el documento consultado está encabezado por la palabra “confidencial”, resume y perfila a los líderes y la ubicación de los municipios autónomos. El mismo está acompañado de fotografías tomadas de forma oculta de Marichuy un grupo de simpatizantes “de apariencia extranjera” o la cantante chilena Mon Laferte, de visita en las regiones zapatistas.
En el reporte incluye un mapa donde se delimita el área controlada por el EZLN, que incluye los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Amatenango, Chilón, Motozintla, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Palenque y San Andrés Larraínzar, en Chiapas.
Más allá de los montes de Chiapas, en otro documento encontrado por este periódico, un jefe militar del campo militar No.16 de Querétaro envía a sus superiores una serie de fichas con el perfil de los dirigentes zapatistas en Querétaro.
En la misma, junto al nombre del espiado, se resume las actividades públicas o privadas que realiza. En algunos casos estas fichas se limitan a escribir: “realiza actividades propias de su profesión: dentista”.
Hackers ‘Guacamaya: Documentan injerencia
Antes de que Andrés Manuel López Obrador anunciara que se preparaba un acuerdo “para que, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, sino que, un mes antes, la Sedena presentó a la Presidencia un plan A y un plan B para lograr ese objetivo.
De acuerdo a Proceso la reforma a cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, con las que la Sedena tomó el control operativo y administrativo de la corporación, tras ser aprobadas en el Congreso de la Unión, fue redactada por el Ejército.
Es común que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sean el enlace con el Poder Legislativo para las reformas que interesan al gobierno, pero esta vez quedó al descubierto la injerencia militar en temas legislativos.
Lo anterior, pese a que es violatorio de la Constitución y de la ley. El Artículo 71 de la Constitución señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete solamente al presidente de la República, a los diputados y senadores, a las legislaturas de los estados y a los ciudadanos que junten un número de firmas equivalente a 0.13% de la lista nominal de electores. Mientras que el artículo noveno dice que sólo los ciudadanos pueden reunirse para tomar parte de asuntos políticos y ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
Además, el Artículo 17 de la ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prohíbe a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, de manera directa o indirecta, salvo quienes gocen de licencia.
Los proyectos de la Sedena
Según reveló Proceso, el primer proyecto, llamado plan A, consistía en una reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza militar”, “adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
También incluía que los recursos financieros y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la Sedena.
Además, proponía reformar el Artículo 13 de la Constitución para que los integrantes de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar.
“En concordancia con el reconocimiento de la Guardia Nacional como una de las Fuerzas Armadas permanentes del Estado mexicano”, dice la iniciativa.
Mientras que el plan B era saltarse la Carta Magna, ignorar el Artículo 21 constitucional que establece que la GN es una institución policial de carácter civil y que su adscripción es a la SSPC, y reformar sólo leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Lo anterior con el fin de que se modificaran varios artículos, entre ellos el 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que a la Sedena le correspondiera “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional”.
Revela hackeo ‘narcogobierno’
El colectivo ‘Guacamaya’ reveló también que la Sedena reporta que la delincuencia organizada acuerda reuniones y pagos con funcionarios municipales, estatales y federales.
De acuerdo a la revista Proceso, se involucran con el narcotráfico a funcionarios de Tabasco que estuvieron bajo el mando del entonces gobernador Adán Augusto López, así como a miembros de los gobiernos de Jalisco, Morelos, Guerrero y Veracruz.
Los informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhiben la compleja realidad delictiva que padece México y las alianzas entre los 81 grupos criminales y altos funcionarios que despachan en presidencias municipales, gobiernos estatales –especialmente en las oficinas de gobernadores, sus fiscalías y policías– y en las instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y el propio Ejército.
Otorga AMLO poder a Fuerzas Armadas
Los archivos también exhiben que desde sus entrañas el poder que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al Ejército, convirtiéndolo en la supersecretaría de su administración.
Según Proceso, un informe fechado en julio de 2021 la Sedena celebra que el presidente “depositó su confianza en las Fuerzas Armadas para materializar algunos de los proyectos que definirán el rumbo de la nación”, y enumeraba sus facultades para los años siguientes.
En este documento se destaca el control de carreteras y de las aduanas terrestres del país, el despliegue territorial para la seguridad pública –aún no había absorbido la Guardia Nacional–, la mano sobre los sistemas de inteligencia del Estado, la administración de empresas y megaproyectos, la iniciativa en la política migratoria y hasta el cuidado de árboles para el programa Sembrando Vida.
(Con información de El País y Proceso).
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