Ciudad de México.- La impunidad que impera en el País respecto de la sanción a quienes cometen un delito y la reparación del daño a la víctima se debe esencialmente a la falta de voluntad política para enfrentar el problema, consideró Juan Antonio Leclercq, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas Puebla.
Al presentar en el Senado el Índice Global de Impunidad México (IGI) 2022, el académico señaló que la falta de voluntad política se manifiesta en los pocos recursos asignados a las fiscalías y policías, que a su vez se traduce en una baja capacidad de respuesta.
La ausencia de capacidades no es producto del azar, no es un problema de generación espontánea, es un problema de falta de voluntad política. Las capacidades institucionales se crean desde las decisiones de política pública por los decisores de política pública asignando recursos, tratando de formar operadores de los sistemas”, indicó.
El IGI 2022, señaló, muestra que en el País existe un déficit de policías, hay pocas agencias del Ministerio Público respecto de la población que deben atender y el número de jueces por cada 100 mil habitantes es 4.36, cuando el promedio mundial es de 17.83 impartidores de justicia por cada 100 mil ciudadanos.
Reforma anticipó el estudio y difundió este martes que el Edomex, Baja California, Veracruz, Puebla y Querétaro encabezan el índice de Impunidad en México 2022, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, la Universidad de las Américas y un Consejo Académico Internacional.
No tenemos capacidades para resolver los problemas y son, además, muy desiguales entre los estados. Las mejoras en algunos indicadores, hay casos como les señalaba, pero son demasiado lentos y pueden estar sujetas a retroceso como se ve en el número de agencia del Ministerio Público, decrecimos en agencias”, señaló.
Lisa Sánchez Ortega, investigadora en México Unidad Contra la Delincuencia, consideró que es urgente comenzar a resolver el problema de la impunidad, pues no solo se trata de construir las capacidades institucionales necesarias, sino de atender un rezago que llevará décadas superar.
Aun cuando el País llegara a los niveles de fiscalías y jueces con los que cuentan los países europeos, ejemplificó, tendría que hacer frente a una realidad mucho más compleja que la que tienen esas naciones, pues tienen que investigar alrededor de 35 mil homicidios al años y encontrar a más de cien mil desaparecidos.
Creo que lo que nos viene a enseñar este índice o lo que nos trae de información relevante tiene que ver con el sentido de urgencia que se necesita en ese ámbito de lo estatal y de lo federal para que se comiencen a resolver este tipo de cosas”, señaló la especialista.
JRL