Guanajuato.- El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, del PRI, propuso que a notarios públicos que cometan irregularidades notariales se les aplique la pena que corresponde al delito de usurpación de funciones, y que la falta se convierta en causal de revocación del fiat.
La pena que prevé el Código Penal para el delito de usurpación de funciones, que es de uno a cinco años de prisión y de 10 a 50 días multa, se aplicaría en forma equiparada al notario, pero también a quienes se ostenten como fedatarios sin la autorización correspondiente.
Alfaro Reyes manifestó que son constantes quejas ciudadanas en contra de fedatarios públicos que realizan actividades irregulares, o bien, que fueron engañados por pseudo notarios o personal de las notarías que actúa como si lo fuesen, causando severos daños jurídicos y patrimoniales.
Dijo que el objetivo de su iniciativa de reforma a la Ley del Notariado es que el ejercicio de la función notarial brinde seguridad jurídica y certeza en las transacciones de las que da fe, a partir de una actuación con un alto nivel de profesionalismo, de independencia frente al poder público y los particulares.
Una completa imparcialidad para sus clientes y una autonomía en sus decisiones, las cuales tienen como límite el marco jurídico, la ética y el estado de derecho”, agregó el legislador del GPPRI.
Indicó que, si se combate la actuación irregular de ciertos notarios públicos que actúan en desapego a la ética, profesionalismo y honestidad que requiere la función notarial, se reduce el deterioro en la percepción social que se tiene sobre la labor del notariado en el estado.
En ese sentido, subrayó que, de aprobarse, su iniciativa permitirá al notariado el mejor desempeño en su ejercicio y, a las autoridades, contar con mayores elementos que faciliten el estricto cumplimiento del objeto del notariado y su práctica.
Eso, señaló el legislador, propiciará un mejor servicio, de calidad, pero sobre todo proteger al ciudadano que utiliza los servicios notariales.
En su exposición de motivos, Adolfo Alfaro se pronunció porque, dada la gravedad de una irregularidad notarial y el daño patrimonial y de afectación de derechos que causa a quien solicitó servicios de fedatario, esa falta se convierta en causal de revocación del fiat a través del procedimiento administrativo sancionador notarial que establece la Ley del Notariado.
GT