Ciudad de México.- La reforma aprobada para que el Gobierno federal pueda destinar activos financieros al Fondo de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) es ambigua, aseguraron expertos.

Considera que a futuro podrían tomar otros activos que estén asignados a organismos como IMSS, Infonavit, la banca de desarrollo y otras dependencias, lo que eventualmente afectaría a derechohabientes o usuarios de los mismos.

La reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), permitirá que al FEIP se le aporten recursos provenientes de ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el Gobierno federal o que forman parte de sus activos.

La Secretaría de Hacienda aclaró el domingo que solamente usará activos financieros de la Tesorería de la Federación y no de otras tesorerías o reservas del sector público.

Sin embargo, la redacción de dicha reforma es ambigua porque no especifica qué activos financieros podrá usar la Secretaría de Hacienda, insistió Víctor Gómez, analista y profesor de Economía del ITAM.

“Cómo está la redacción se vuelve discrecional hacia adelante, no en este momento. Con esa claridad (plasmada en el comunicado) lo deberían poner desde la redacción de la ley porque es una ambigüedad que es mejor que quede resuelta en la ley y no en un comunicado de prensa”, dijo.

La dependencia aclaró que no hará uso de cuentas de ahorros o vivienda de los trabajadores, sino de aquellos que son de su propiedad como los instrumentos de deuda o reservas y que están asignados a algún organismo. 

“Hay un riesgo, pero que está en otra parte: en trasladar recursos de activos financieros relacionados con instituciones de seguridad social, banca de desarrollo, tesorerías de otras entidades”.

“Por ejemplo, si el Gobierno federal es titular de un bono emitido por Banobras, ese bono es un activo, si lo cobra, lo puede trasladar al FEIP, pero no quiere decir que va a tomar dinero de las arcas como tal de la banca de desarrollo”, explicó.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), opinó que la falta de claridad en la reforma provoca conclusiones que probablemente no sean del todo exactas.

“Usar activos financieros de las Afores o del Infonavit me parece bien grave porque esos recursos tienen nombre y apellido y en realidad no son del Gobierno federal, si en algún momento se utilizaran, contravendrían normas y reglas”. 

“Y el simple hecho de que genere dudas (si se usarán o no) pone en entredicho nuestro estado de derecho como País. El simple hecho de preguntárnoslo, es grave”, aseveró.

Gómez aclaró que de usarse activos relacionados con instituciones de seguridad social u otros provocaría una afectación en la operación de los mismos y generaría afectaciones a los trabajadores o derechohabientes.

“Estos activos de alguna manera soportan las actividades que tienen a su cargo, respaldan inversiones para que haya seguridad en la ejecución de proyectos o en la reservas de seguridad social, se garantizan pagos de ciertas prestaciones”, dijo. 

Lo anterior generaría afectaciones para trabajadores o derechohabientes.  

“Organismos más debilitados van a proveer servicios de menor claridad, en vivienda se puede trasladar en diferentes riesgos, en los plazos de los créditos, tasas, a lo mejor no tienes una tasa más alta, pero puede haber menor créditos”.

Las consecuencias pueden ser muy diversas en atención, claridad de servicios, en la cobertura, la consecuencias pueden ser muy amplias dependiendo de que tanto se trastoque la operaciones de las instituciones”.

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FRG

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