León, Guanajuato – A un año de firmarse el acuerdo de Temacapulín que frenó la construcción de la presa El Zapotillo y la dotación de agua potable para León, los habitantes de Acasingo, Palmarejo y Temacapulín, denunciaron no contar con garantías legales del Gobierno Federal para no inundar las comunidades.
Gabriel Espinoza, vocero de Salvemos Tecamapulín, Acasingo y Palmarejo, expresó que ya se cumplió un año del acuerdo para no inundar las comunidades, así como de la cancelación del acueducto El Zapotillo – León, pero persiste la incertidumbre del destino de las comunidades.
Solo contamos con un único documento de no inundación del firmado por el gobierno federal, en el que el presidente López Obrador aparece solo como testigo, por lo que persiste la preocupación de no contar con garantías suficientes que las comunidades prevalecerán”, dijo
Aseguró que sí avanza el plan de reacondicionamiento de la presa El Zapotillo, hay un proyecto ejecutivo y trabajos en la cortina de la presa para construir un vertedero físico, evitar la inundación y garantizar el desfogue de agua con una cortina de 40 metros.
Por su parte, Abigail Agredano, presidenta de Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, indicó que de la Federación aún no se ven los apoyos que se prometieron, y se omitió generar programas específicos a favor de las comunidades.
La valoración general del Plan de Justicia para la Reparación de los Daños es negativa, a un año de este acuerdo se pueden visualizar algunos avances, pero varias Secretarías se han vuelto invisibles, han simulado y no se han presentado”, dijo.
Expresó que se registró un arranque tardío en la creación de caminos, y existen algunas acciones de la Secretaría de Cultura, pero no hay acciones en salud, telecomunicaciones, entre otras.
De las más de 10 obras comunitarias contempladas por el Plan de Reparación no se ha construido ninguna por parte de Sedatu, secretaría que fue la primera en aparecer en 2021. Dado el lento avance exhortamos al Gobierno Federal a cumplir los 15 puntos del plan de justicia, asignar presupuesto federal, se inicien trabajos de medidas jurídicas para garantizar la no inundación”, expresó la presidenta de Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Por su parte, María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, afirmó que los pueblos siguen en la lucha, denunció que el gobierno de Jalisco posee parte de las propiedades de las comunidades, pero no las cedió a los pobladores, y busca que el gobierno federal las compre.
“La demanda central es que el Gobierno Federal ponga en la mesa toda la información financiera y técnica para arrancar los trabajos de auditoría, información que tiene que ser pública y sería el gesto de voluntad política que el Gobierno Federal sí va a cumplir con la auditoría técnica y financiera”, dijo.
Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental expresó que existe preocupación de las comunidades debido a que se carece de las medidas jurídicas para evitar la inundación, pues no hay mecanismos legales.
Reconocemos la palabra del presidente López Obrador, pero desde el punto de vista jurídico sigue siendo insuficiente para garantizar la no inundación de las comunidades. Más allá del documento firmado por funcionarios públicos y López Obrador como testigo, urgen documentos jurídicos, garantías para hacerlas valer en los tribunales”, detalló.
Añadió Gustavo Lozano que el Gobierno Federal debe emitir los documentos, entre ellos, decretos, para garantizar la no inundación de las comunidades.
Los representantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, coincidieron en que urgen medidas para garantizar que al término de la administración de López Obrador no continúe el proyecto de El Zapotillo y con ello la inundación de las comunidades.