Ciudad de México.– El presidente del Tribunal Electoral Federal, magistrado Reyes Rodríguez, salió en defensa de los tribunales electorales estatales, cuya eliminación propone la reforma electoral enviada por el Ejecutivo Federal, y dijo que no deben desaparecer, pues han demostrado que funcionan.
Alertó, además, por una posible sobrecarga de trabajo del tribunal electoral federal y sus salas regionales en caso de que esto sucediera.
El magistrado Rodríguez llamó a no retroceder “un milímetro” en lo conseguido hasta ahora en el sistema electoral, aunque reconoció que se deben revisar costos para lograr una reducción y mantener eficiencia.
“Nuestro sistema electoral de justicia funciona, los tribunales locales son el primer contacto con la ciudadanía y ahí se queda la mayor carga de casos, y atiende particularidades de cada entidad. Por eso y por muchas otras razones es que los tribunales estatales no deben desaparecer del mapa institucional de la República Mexicana”, señaló el Magistrado Rodríguez.
Puso como ejemplo la sala regional de la Ciudad de México del TEPJF, a donde no llegan la gran parte de los asuntos locales, pues estos llegan, dijo, en un 30 % del Instituto Local al Tribunal Estatal.
Y de ese número sólo el 21 % se impugna a la sala regional y alrededor de la mitad, esto es el 10 %, se modifica y la otra mitad se confirma la resolución original del Tribunal Estatal.
Consideró que ese es el promedio de las demás salas regionales electorales del País.
Al inaugurar el Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2022, de la IV Circunscripción Electoral, con sede en la Ciudad de México, el presidente del TEPJF también apoyó, por razones similares, la permanencia de los Órganos Públicos Electorales Locales, conocidos como Oples, y que son los 32 institutos electorales estatales que la reforma también propone su desaparición.
“El sistema electoral de justicia funciona. Y un pilar fundamental de la democracia en México son los tribunales e institutos estatales electorales locales”, apuntó.
Hay que evitar consecuencias no deseables o estar en riesgos, que se pueda estar ante la saturación o aumento de cargas en el INE o el Tribunal Electoral”.
En ese sentido, se manifestó en favor de no reducir “capacidades institucionales”, pero sí responder “a la exigencia de la ciudadanía que efectivamente apela porque se reduzcan los costos”.
La ciudadanía, dijo, está en el centro de la atención de los órganos electorales y no se debe obstaculizar la competencia electoral “o que sirva de pretexto para la polarización política”.
Y añadió: “En las reglas de la democracia y los derechos de la ciudadanía no podemos ir ni un milímetro hacia atrás. Necesitamos un sistema electoral que fortalezca virtudes y corrigiendo debilidades”.
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