La Secretaría de Finanzas del anterior gobierno de Hidalgo autorizó los recursos extraordinarios a los cuatro presidentes municipales que este miércoles fueron detenidos acusados de peculado y uso ilícito de atribuciones por un monto total de 172 millones de pesos.
Así lo detalló el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, al explicar que los alcaldes solicitaron los recursos extraordinarios que no ejercieron y consumaron los desvíos a través de empresas fachada, sin autorización de sus cabildos.
Los presidentes municipales capturados son de Epazoyucan, Fidel Arce Santander (PRI); Huautla, Felipe Juárez Ramírez (PES); así como de Yahualica, Elías Sanjuán Sánchez (PRI), y de Nopala, Luis Enrique Cadena García (Morena).
El delito de peculado agravado tiene una penalidad de cuatro a 14 años de prisión, pero puede ampliarse por agravante hasta un tercio más.
Mientras que el uso ilícito de atribuciones alcanza una penalidad de uno a ocho años de prisión.
Además, están en integración carpetas de investigación contra nueve municipios adicionales.
ASÍ OPERÓ LA ESTAFA
Los alcaldes detenidos solicitaron recursos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas del gobierno anterior, la cual autorizó y generó transferencias a los municipios en cuestión, quienes a su vez canalizaron el dinero a empresas fachada.
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EPAZOYUCAN, DESVÍO DE 14 MDP
Contrato de 14 millones de pesos por el arrendamiento de maquinaria para rehabilitar caminos, el cual no fue autorizado por el cabildo y pese a ello se generaron facturas y pagos a personas morales cuyo domicilio fiscal era Oaxaca, sin estar en el padrón de proveedores de la entidad.
Al momento de la contratación había personas morales que no estaban vinculadas a un domicilio fiscal y al buscarlas se constató que eran fachada, es decir, domicilios particulares sin ninguna operación y con el mismo representante legal.
En este caso, la orden de aprehensión fue girada desde el 1 de noviembre pasado.
HUAUTLA, DESVÍO DE 26 MDP
El municipio obtuvo recurso extraordinario por 26 millones de pesos para dos fondos: mejora de vías de comunicación, espacios recreativos, así como insumos COVID.
En esos casos las autoridades detectaron empresas fachada y no hubo autorización por parte del ayuntamiento.
La transferencia fue rastreada, por lo que las autoridades tienen los estados de cuenta y no se acreditan los trabajos de rehabilitación.
Incluso, el alcalde ordenó al tesorero el pago correspondiente, pese a que no se cumplieron las condiciones de contrato.
Respecto a la contratación de insumos COVID, nuevamente el alcalde instruyó al tesorero realizar el pago.
La orden de aprehensión fue liberada el 1 de noviembre pasado.
NOPALA: DESVÍO DE 71 MDP
En el tercer caso, las autoridades detectaron irregularidades en la asignación de 71 millones de pesos.
De este total, 22 millones de pesos supuestamente fueron destinados al arrendamiento de maquinaria y equipo de rehabilitación de caminos rurales.
A su vez, otro desvío de 49 millones de pesos para mantenimiento y fumigación de una presa para controlar el mosco culex.
Aquí las autoridades también detectaron que ninguno de los servicios fue ejecutado, pese a que el recurso fue transferido a las empresas con características fachada.
La orden de aprehensión fue liberada el 17 de noviembre de 2022.
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YAHUALICA
El cuarto municipio incurrió en una adjudicación directa por un monto de 49 millones de pesos.
Distribuidos en 15 millones para un supuesto sistema integral de apoyo al buen desempeño de los recursos como un sitio web del DIF municipal, aplicación digital, museo virtual e instalación de aplicaciones en teléfonos celulares.
Además de 14 millones de pesos para fumigación y arcos sanitizantes.
Al igual que en los anteriores casos, la adjudicación fue directa, no pasó por el ayuntamiento y el recurso fue a dar a las empresas fachada sin que se aplicara.
LA ESTAFA
El gobierno de Julio Menchaca Salazar detectó una red de corrupción por la que se desviaron más de 500 millones de pesos.
Por este hecho se involucra a 13 alcaldías del estado de Hidalgo que en total desviaron 522 millones de pesos de recursos destinados a la atención de la contingencia COVID-19, red hídrica y obras públicas.
Además, la PGJEH detectó una batería de empresas fachada vinculadas a dos secretarías de estado, así como los municipios involucrados en esta red.