San Salvador.- Más de 10 mil efectivos de la fuerza armada y de la policía de El Salvador, apoyados por fuerzas elites de seguridad, cerraron el sábado por completo una ciudad en la periferia de la capital que es el tercer municipio más populoso del país, a fin de perseguir a los miembros de las pandillas que siguen operando en la zona.
“A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado”, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de Twitter. “8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, agregó.
Unidades de la Sección Táctica Operativa de la Policía, acompañados por soldados, tomaron control de todos los accesos a Soyapango, a siete kilómetros al noreste de la capital, que hasta hace unos meses era uno de los principales bastiones de las pandillas.
Todos los vehículos de pasajeros y particulares estaban siendo inspeccionados y las personas deben identificarse para poder entrar y salir de la zona, mientras las unidades antiterroristas hacen registros en las comunidades para localizar y capturar a los pandilleros.
En un mensaje a los habitantes de Soyapango, Bukele dijo que “los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados”.
El operativo está encabezado por los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de la Defensa Nacional, contraalmirante Francis Merino Monroy, así como por el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
Soyapango, con más de un millón de habitantes, se convirtió en el primer municipio en ser intervenido dentro de la quinta fase del Plan Control Territorial —denominada “extracción”— implementado por Bukele para combatir a las pandillas. Con el plan se busca ubicar y capturar a los criminales que aún quedan en las comunidades.
En el operativo participaban unidades elites de la fuerza armada y policía y se utilizaron drones y perros entrenados para localizar a los pandilleros que se cree que siguen escondidos en la zona.
En la última semana de noviembre, Bukele anunció que intensificarían la persecución de las pandillas y que retomarían la experiencia del cerco militar montado en el municipio de Comasagua, al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino de la zona. “Fue exitoso”, defendió el mandatario, pese a las críticas a sus políticas de mano dura de parte de organizaciones que denunciaron violaciones a los derechos humanos.
Esa política de mano dura se acentuó después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día. El Congreso salvadoreño, a pedido del presidente Bukele, aprobó una estado de excepción para combatir a las pandillas que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de arresto, así como de la asistencia de un abogado.
De acuerdo con cifras del gobierno, en lo que va del estado de excepción se ha capturado a más de 58.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Organizaciones sociales han dicho haber documentado más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos durante los primeros ocho meses de vigencia de la medida. Afirman tener informes de que al menos 80 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.
El presidente aseguró que en ocho meses han logrado grandes resultados y que “El Salvador está en camino de ser el país más seguro de todo el continente”.
Según estadísticas oficiales, del 1 de enero al 30 de noviembre se registraron 598 homicidios, un 43% menos que los 1.052 en el mismo periodo de 2021.
Las llamadas maras, pandillas que tienen presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos.
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