Toca menos dinero
Este año, 16 de los 46 alcaldes del estado estiran lo más que pueden sus presupuestos para que les alcance el dinero y cumplir con todos sus compromisos de cierre del 2022.
Esto es resultado de la novatada de los presidentes municipales, quienes junto a sus tesoreros no hicieron bien las cuentas para que el dinero les alcance para todo el año, sobre todo para cubrir el llamado gasto corriente, que incluye el pago de nómina y algunas prestaciones a los empleados municipales como el pago de los aguinaldos.
Aunque también es verdad que como a los ciudadanos, a los municipios les ha pegado la inflación y costos de imprevistos que van surgiendo a lo largo del año.
El 11 de noviembre cerró el plazo para que los municipios que así lo necesitaran pudieran enviar al secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, sus solicitudes de adelanto de participaciones, es decir que les adelanten una lana de los recursos que les tocan el próximo año.
Todas estas solicitudes debieron ser aprobadas por los ayuntamientos de cada municipio, en este caso por los 16 municipios que piden adelanto y en total suman una bolsa de 199 millones de pesos. En la lista hay de todos los partidos.
Los municipios que pidieron este apoyo son: Apaseo el Alto, Coroneo, Dolores Hidalgo, Huanímaro, Jerécuaro, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, Santiago Maravatío, Silao, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.
Por monto, los ayuntamientos arriba en la lista son los que encabezan los panistas Adrián Hernández Alejandri, de Dolores Hidalgo, con 41 millones de pesos; Omar Gregorio Mendoza Flores de Pénjamo con 30 millones de pesos; Salvatierra, que preside Germán Cervantes Vega, solicitó 13 millones de pesos, y Apaseo El Alto que preside Monserrat Mendoza Cano del PAN, con 10 millones de pesos.
De la oposición, entre los alcaldes que pidieron también un adelanto de participaciones está el de Silao, que encabeza el morenista Carlos García Villaseñor quien solicitó 30 millones de pesos; la alcaldesa de Yuriria, María de Los Ángeles López Bedolla del Partido Verde, 10 millones de pesos, y el Ayuntamiento de San Diego de la Unión que encabeza Juan Carlos Castillo Cantero del Redes Sociales Progresistas pidió 10 millones de pesos.
En algunos caso como Silao, la solicitud los tomó con los dedos en la puerta, el último día para hacer el trámite ante la Secretaría de Finanzas fue cuando el Ayuntamiento sesionó, no hubo tiempo de que todos los regidores analizaran a detalle los alcances de este adelanto de participaciones o que revisaran otros recortes o fuentes de financiamiento.
De los 30 millones, una parte se usará para pagos de nómina y aguinaldos y otra para concluir el contrato con las empresas recolectoras de basura, que traen pleito con el Municipio, pero esa es otra historia.
Pega inseguridad a dos regidoras
Esta semana dos políticas guanajuatenses vivieron en carne propia lo que padecen a diario miles de ciudadanos: la inseguridad.
Las regidoras morenistas Graciela Martínez Morfín y María de la Cruz Mata Medina, integrantes del Ayuntamiento de Cortazar, iban por la carretera de la comunidad Tierra Fría a la cabecera municipal cuando fueron amenazadas por hombres armados que las interceptaron para robar su vehículo a Martínez Morfín.
“Fuimos despojadas de mi vehículo por unas personas que portaban armas largas, nos apuntaban, creímos que nos matarían, es algo espantoso, pedía a Dios que nos protegiera”, texteó Martínez Morfín en sus redes sociales para dar a conocer el hecho.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las estadísticas respecto a la Incidencia Delictiva del Fuero Común, en Guanajuato se han cometido de enero al 31 de octubre de 2022, tres mil 135 robos de automóviles, y de ellos mil 388 se han cometido con violencia.
“Fue terrible”, compartió la regidora Martínez Morfín al narrar su experiencia luego de una visita a la comunidad Tierra Fría, localizada a unos 15 minutos de Cortazar.
El atraco ocurrió a las 6 de la tarde del pasado miércoles, una vez que ambas regidoras fueron despojadas de la camioneta Honda permanecieron en la orilla de la carretera hasta que lograron comunicarse con otra compañera, quien acudió a auxiliarlas con ayuda de Seguridad Pública y Protección Civil.
Jesús Ramírez Garibay, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, publicó una postura en redes sociales al día siguiente del asalto.
Para variar el tema se politizaba, al afirmar que el robo era el PAN de cada día, no solo en el municipio de Cortazar, sino en todo Guanajuato, como si en el resto del país no ocurrieran atracos violentos o despojaran a ciudadanos de sus pertenencias.
Ramírez Garibay exigía en su comunicado que el Estado detenga esta ola de violencia.
Parece que no termina de quedar claro a los políticos que la inseguridad es un problema tan profundo que distingue a México a nivel internacional.
Por ejemplo, en esta misma categoría de robo de vehículos de cuatro ruedas, en todo el país el mismo Secretariado Ejecutivo reporta tan solo en octubre del 2022, un total de ocho mil 622 robos, 452 casos más que los registrados en septiembre de este año que fueron ocho mil 170.
Tampoco parece entenderse que en tanto el tema siga tomándose como estandarte para el golpeteo y el discurso de división, difícilmente los ciudadanos verán a sus autoridades coordinarse debidamente para que regrese la tranquilidad a Cortazar y a todos los municipios del estado y del país.
Lamentable lo que vivieron ambas regidoras, como también es lamentable el argumento del secretario del Comité Estatal de Morena para demandar justicia a raíz de lo que sufrieron dos compañeras militantes. El cuento de nunca acabar.
Los pleitos entre morenistas de Silao
Dentro de Morena, las patadas bajo la mesa están al por mayor. En este caso el escenario es Silao, donde gobierna el morenista Carlos García Villaseñor; el motivo, la donación de un terreno para la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar.
Este terreno había sido solicitado desde el año pasado.
Les contamos: El 27 de septiembre las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Territorial, Ecología y Medio Ambiente, junto con la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento aprobaron un dictamen para entregar 400 metros cuadrados de un terreno municipal con superficie de mil 477.77 metros cuadrados ubicado en Camino a Bajío de Bonillas, para la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar.
Firmaron el dictamen solo seis de los 10 regidores de ambas comisiones, entre ellos Ruth Elizabeth Granados Arvizu. Pero llamó la atención que no lo firmó María Cecilia Rodríguez Rangel, síndica municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, según copia del documento con el que cuenta AM.
El dictamen pasó a la sesión del Ayuntamiento del 25 de octubre. Cuando se sometió a votación, lo hicieron a favor siete de sus integrantes: el presidente municipal Carlos García, la síndica Cecilia Rodríguez y los regidores Elizabeth Blancarte Vela, Ruth Granados, Marcelino Rayas Meza, Juan Arturo Hinojosa Valdovino y José Cruz Rangel Pérez.
Y en contra hubo cinco votos de los regidores: María Teresa Tello García, María de la Luz Ibarra Valdenegro, Érika Maribel López Gutiérrez, Manuel Eduardo Álvarez Lozano y Rolando Monroy Galván, quienes son cuatro del PAN y un independiente.
Por falta de mayoría calificada necesaria para esta autorización, es decir ocho votos a favor, no se aprobó la donación del terreno.
Esa es la parte legal. El chisme político de esta decisión es que fue la propia síndica morenista María Cecilia Rodríguez Rangel quien operó los votos en contra de la donación para jugar las contras al presidente Carlos García, a pesar de pertenecer al mismo partido, según contó una fuente de Morena.
Y es que agregó que el Presidente Municipal y la síndica no pertenecen al mismo grupo interno del partido guinda y el boicot lo realizó su compañera “nomás por fregar”, como reza el dicho popular.
Pero esta decisión no sólo le generó una molestia a Carlos García, sino a otro “moreno” más: Mauricio Hernández Núñez, delegado de la Secretaría del Bienestar, a quien este rechazo le genera un retraso en el cumplimiento de sus metas, por culpa de una de sus compañeras de partido.
Ante el rechazo, el Ayuntamiento analiza la posibilidad de que un particular les done un terreno.
Hasta la fecha se han construido ocho edificios especialmente para el Banco del Bienestar en el estado: en Irapuato, Romita, Doctor Mora, Guanajuato, Celaya, Salamanca, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz.
IEEG, enorme rezago
En sesión del Consejo General del Instituto Electoral, José Belmonte Jaramillo, representante del PRD, se quejó de que hay un gran rezago en la resolución de procedimientos especiales sancionadores a cargo de la Unidad Técnico Jurídica de lo Contencioso Electoral.
“Todavía tenemos bastantes procedimientos especiales sancionadores atorados y no se entiende por qué, porque hay actuaciones que se hicieron en agosto y septiembre. Y el Instituto sólo responde: “Hicimos la actuación” y no más.
“Y no hay respuesta de si contestaron (los sujetos requeridos), si apercibieron y qué pasó después de que fueron notificados. Creo que hay que acelerar el paso, el año próximo ya es proceso electoral y seguimos arrastrando eso”, reclamó.
Aclaró que no decía que no estén haciendo nada, se está haciendo, pero era muy lento el proceso. Comentó que vio un caso en el cual no había actuaciones desde agosto. Y otro son los juicios que están en el Tribunal Estatal Electoral, porque los regresan al faltar soporte legal.
“La unidad tiene esa bola de nieve para el siguiente proceso electoral”, advirtió.
Falta personal
La consejera Beatriz Tovar Guerrero, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, reconoció el cúmulo de expedientes rezagados. Admitió que hay expedientes cuyas últimas actuaciones fueron de marzo de 2022 porque no se podían hacer porque el IEEG no tenía el personal suficiente.
“Hay varios expedientes de abril, junio y febrero, que no había actuaciones, ya hay actuaciones en noviembre, en menos de un mes ya se nota el movimiento de los expedientes que estaban congelados”, afirmó.
Pero explicó las razones del retraso. “Si vemos la estadística de quejas y denuncias se incrementaron 300% en este proceso electoral recibieron más de 500, cuando en el anterior no rebasaron las 150”, además de que falta personal en la Unidad.
Explicó que son varias las razones para el rezago. El primero, derivado de la reforma electoral de 2014 se hicieron modificaciones legales, pero la estructura del IEEG no cambió.
De tal manera que en la Unidad Técnico Jurídica no se tienen dos áreas que se dediquen a la parte contenciosa y a la parte normativa, como sí lo tiene el INE y otros organismos electorales estatales.
Otra razón es que el Instituto Nacional Electoral determinó que sean los consejos municipales y distritales quienes resuelvan los procedimientos especiales sancionadores “y este es un problema de diseño legal, porque la ley no les exige como requisito ser abogado ni licenciado en derecho, porque su naturaleza es ciudadana de tal manera que no tiene expertise en resolver procedimientos especiales sancionadores.
“Por lo que tenemos que hacer un despliegue jurídico, que tampoco tenemos el personal para eso para resolver estos procedimientos”, dijo la consejera electoral.
Y la tercera causa es que la estadística de quejas y denuncias se incrementó 300% en este proceso electoral, en 2021 recibieron más de 500, cuando en el anterior de 2018 no rebasaron las 150.
MCMH