Resultó una casualidad que dos hechos se conjugaran, dos marchas multitudinarias, una en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y otra en apoyo del presidente López Obrador.
Fue una curiosa conjunción en la que quedó claro el valor que hoy representan las personas que se asumen ciudadanas, es decir, los individuos que asumen a plenitud sus derechos políticos.
Aun cuando no queramos, la condición ciudadana otorga una categoría superior a los sujetos que deciden portarla. De tal manera, que debe de ser tarea prioritaria de nuestra sociedad, incorporar a esta condición a todo el pueblo. Deberíamos de empezar por proteger a los ciudadanos de aquellos políticos que, desde su miseria, intentan arrebatarles a los grupos sociales más vulnerables, su jerarquía de ser miembros de pleno derecho, de su comunidad. A estos grupos se les violenta acarreándolos a marchas, informes o actos, a través de coacción, de amenazas o de entrega de dádivas. De esa forma son despojados de su libertad para asistir o no a actos inventados por políticos amorales.
El acarreo, lo definió Jesús Silva Herzog Márquez en un reciente editorial: “No es un servicio de transporte: es un desplazamiento bajo presión… Quienes se rehúsan se atendrán a las consecuencias”. Es también el preludio de la compra de votos, ya que primero se necesita simular un gran apoyo popular, para así justificar los miles de votos que algún impresentable candidato obtiene mediante la clientelización y la entrega directa de cash a las personas. Estas dos figuras son los perversos siameses de los delitos electorales, que nunca son investigados por los abúlicos fiscales federales y estatales. Si todo siguiera igual, Brenda Canchola, presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEGG), se conformará con integrar las mesas de votación, recibir a ciudadanos y acarreado a emitir su voto, libre unos y comprado los otros; y contarlos finalmente para aclamar a los ganadores. Tan, tan, así dormiría tranquila y satisfecha la presidenta, aunque la calidad de nuestra democracia sea pésima.
Pero hay atisbos de que las cosas cambiarán. Por el momento, las dos marchas arrojan un contraste determinante: una fue de ciudadanos que voluntariamente y por sus medios, decidieron salir a manifestarse en defensa de una institución. La otra, organizada desde el poder, se nutrió de una enorme masa de acarreados, que fueron transportados en 1787 camiones (el periódico Reforma los contó uno por uno) desde diversos puntos de origen. De un lado, lo queramos o no, había ciudadanos, del otro un conglomerado de individuos dotados de trescientos pesos, un refresco, una torta y pasaje de ida y vuelta gratuito.
La sola verbalización del comparativo entre ambos grupos es durísima, incompasiva, pero es la expresión exacta de lo que pasó. Su crudeza debería de convertirse en el acicate para que los políticos dejaran de acarrear gente y mercadear sufragios, so pena de ser señalados, despreciados y expulsados de las boletas electorales.
Habrá que señalar que el acarreo es una práctica común entre la clase política de todos los signos, que debería de ser denunciada, combatida y penada. ¿Saben por qué lo necesitan? Porque nuestros partidos políticos son estructuras vacías de ciudadanos. Requieren simular la presencia de multitudes, obligando a la gente a asistir a sus eventos. Si no hubiese acarreo, solo estarían presentes sus incondicionales y aduladores. Su carencia de ideales y sus prácticas poco éticas no seducen a nadie. Son camarillas solitarias.
Sin el acarreo, será muy difícil justificar los votos traficados con dinero. El teatrito se cae. Y solo entonces, los verdaderos políticos tendrían posibilidades de reaparecer utilizando el talento y las ideas para convencer a los ciudadanos de sus propuestas. Sería un historial limpio el que acredite su postulación a un puesto público. Solo así las administraciones ya no serían utilizadas para expoliarlas. La corrupción política, tan extendida en nuestra obscura realidad, perdería brío y sustento.
Las marchas del 13 y 23 de noviembre, nos dejan una moraleja: la política solo se construye con ciudadanos reales. Los partidos, todos, están rebasados y desacreditados. Hoy, solo los ciudadanos a través de sus redes organizadas podrán hacer viables las próximas candidaturas. Los acarreadores y operadores electoreros no están invitados a la próxima contienda. Su sola contratación por algún partido o candidato significará descrédito y exclusión, no votos. Entiendan: es la hora ciudadana.