Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia negó hoy, en definitiva, el amparo de una empresa que en 2014 acusó al Gobierno federal de invadir terrenos de su propiedad para construir el tramo La Marquesa-Lerma de la autopista México-Toluca.
Por unanimidad de cinco ministros, la Segunda Sala de la Corte revocó el amparo concedido en mayo de 2019 en favor de la empresa Inmobiliaria La Marquesa, propiedad de la familia Checa Acra.
En ese amparo, un juez federal de Toluca consideró que está acreditado que es la inmobiliaria es dueña de un predio de 350 hectáreas, que hubo una afectación por las obras iniciadas en 2014, y que la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) violó el derecho de audiencia, al ocupar fracciones del terreno sin expropiación ni indemnización.
“Contrario a lo resuelto por el juez”, afirmó la Corte, “de los dictámenes rendidos por el perito de la quejosa y por el perito oficial, se advierte que ninguno de los dos peritos pudo detallar con claridad la ubicación de cada uno de los polígonos que comprenden las fracciones del predio El Portezuelo propiedad de la quejosa, a partir del contenido de la escritura pública de 26 de febrero de 1971”.
Por ende, se agrega en la sentencia, no existe sobreposición de las fracciones que defendía Inmobiliaria La Marquesa y los terrenos contemplados en las obras para la autopista, que también fueron usados para el Tren Interurbano México-Toluca.
La confirmación de este amparo hubiera sido problemática no solo para la SICT, sino también para la constructora Pinfra, antes Tribasa, concesionaria de la autopista, pues se hubiera tenido que indemnizar a la inmobiliaria o acordar un precio de venta de los terrenos, ubicados entre los kilómetros 36.8 y 38.6 de la autopista.
En julio de 2013, la SCT modificó la concesión para construir el nuevo tramo La Marquesa-Lerma, para el cual Pinfra invirtió 3 mil 765 millones de pesos.
La revisión de este amparo fue atraída por la Segunda Sala a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, lo que provocó polémica por un supuesto conflicto de interés, ya que su esposo, el ingeniero José María Riobóo, fue socio de Tribasa en proyectos de la década de los 90.
La inmobiliaria presentó en junio pasado una recusación contra Esquivel, para impedir su participación en el caso, pero ese recurso fue desechado, porque la empresa no pagó la garantía monetaria que por ley se exige cuando se pretende recusar a un juez.
Desde 1974, la Corte había concedido un amparo a la inmobiliaria, reconociendo que es dueña de 24 terrenos que suman 350 hectáreas en el municipio de Ocoyoacac, pese a que, durante décadas, comuneros de la zona han intentado que se les reconozca como propietarios.
La sentencia de hoy de la Corte no priva a la inmobiliaria de su propiedad, solo establece que no está probado que la SICT y Pinfra la invadieron para ampliar la autopista.
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