El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) llamó a los representantes de partidos políticos a tener cuidado y estudiar a detalle las implicaciones que conlleva la reforma electoral llamada plan B, propuesta por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Durante la primera sesión ordinaria del Consejo General del IEEH, la consejera electoral Laura Aracely Lozada Nájera indicó que se debe analizar el Sistema Nacional Electoral propuesto y su impacto a corto, mediano y largo plazo.
Esto, tras la aprobación de la reforma plan B por parte de la Cámara de Diputados, que señala que existen instituciones redundantes con duplicidad de funciones, así como de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados, lo cual fue negado por la consejera.
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DEFIENDE SERVICIO PROFESIONAL
Respecto al apartado que refiere que la conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres del sistema electoral, Lozada Nájera también refutó la afirmación.
Al respecto dijo que los miembros del servicio profesional electoral nacional es personal especializado que se evalúa anualmente mediante metas colectivas, individuales, factores de competencias directivas y cursos permanentes.
“Hago un llamado a los representantes de partidos políticos acreditados ante el IEEH a leer detenidamente la iniciativa, analizarla y, a su vez, de conformidad con su experiencia dentro de este instituto hacer llegar sus reflexiones a sus bancadas”, expresó.
DEBILITA A INSTITUCIONES ELECTORALES
Por su parte, el consejero electoral Christian Uziel García Reyes, indicó que la reforma aprobada debilita la operatividad de las instituciones electorales.
Además, dijo, menoscaban la eficiencia, eficacia y el profesionalismo demostrado por funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional.
“Existe preocupación de que en las actividades que forman parte de la organización del proceso electoral se comprometan la calidad de los trabajos”, expresó.
DIÁLOGO Y CONSENSO
Así como de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen la función electoral, sobre todo ante la proximidad de los comicios de 2024.
Recordó que en un desplegado de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE) reiteraron un llamado a las fuerzas políticas para que la aprobación de las reformas electorales parta del diálogo y de consensos.
Además, mencionó que en el desplegado se reafirmó la disposición de contribuir con todos los diagnósticos técnicos con los que se cuenta para la mejor toma de decisiones por parte de los OPLE.
PRI EN DESACUERDO
Por su parte, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Federico Hernández Barros comentó que cada partido debe hacer el análisis de la reforma.
“El llamado plan B sin duda es un retroceso al Sistema Democrático Nacional, es un atentado contra las propias libertades democráticas de los mexicanos y es un atentado contra las instituciones autónomas”, mencionó.
Exhortó a los partidos políticos a actuar con prudencia, analizar cada una de las propuestas y aspectos que han sido modificados en las legislaciones correspondientes.
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PAN, MC Y MORENA
Rafael Sánchez Hernández, representante del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó el desagrado del instituto político por la reforma enviada por el Ejecutivo federal, aprobada por diputados federales y turnada al Senado de la República.
Principalmente indicó que en la parte relativa al servicio profesional de carrera, la reforma atenta contra el derecho laboral, contra el profesionalismo y la certeza en las elecciones.
Mientras que Pablo Gómez López, representante de Movimiento Ciudadano, mencionó que el organismo ha planteado que no es momento para llevar a cabo una reforma porque es el final de un periodo de gobierno y a la antesala de un proceso electoral que será muy competido.
El único que se pronunció a favor fue el representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Israel Flores Hernández, quien comentó que la iniciativa es una propuesta responsable que de ninguna manera violenta el marco constitucional.