Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia aceptó la petición del presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, para resolver de manera prioritaria nueve litigios relacionados con Fuerzas Armadas y seguridad pública, algunos de los cuales tienen más de tres años sin que se dicte sentencia.
El Pleno de la Corte acordó favorablemente ayer, en sesión privada, la solicitud de Creel, por lo que estos asuntos tendrán que ser resueltos a principios de 2023, aunque algunos de ellos todavía no tienen proyecto de sentencia, mientras otros llevan meses en lista para sesión, pero no han sido discutidos.
La pasada sesión fue la última de Arturo Zaldívar al frente de la Corte, por lo que, a partir de enero, el control sobre la lista del Pleno pasará al nuevo presidente o presidenta.
Los casos que recibirán atención prioritaria incluyen la reforma del pasado 9 de septiembre para transferir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que está suspendida desde octubre por orden de una jueza federal de Irapuato.
También se dará celeridad a dos acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra varios aspectos de la Ley de la GN -por ejemplo, su facultad de detener migrantes-, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, ambas vigentes desde 2019.
En el caso de esta última ley, el proyecto del Ministro Javier Laynez, que avala algunos aspectos, pero invalida otros, fue entregado al Pleno desde el 4 de noviembre de 2021, pero no alcanzó a ser discutido en 2022.
Sobre la GN, el Pleno también resolverá un amparo en revisión que recibió en 2020, y que impugna los requisitos para ingresar, funciones, operaciones y convenios que puede celebrar esa corporación.
Otra acción, de diputados de Oposición, reclama la transferencia del control de los puertos a la Secretaría de Marina (Semar), reforma legal de octubre de 2021. El proyecto de sentencia fue entregado al Pleno apenas el pasado 30 de noviembre.
La lista también incluye una acción que data de 2016, contra reformas al Código de Justicia Militar, que es el asunto más antiguo de los pendientes en la Corte.
El proyecto del Ministro Luis María Aguilar, que abarca multitud de temas sobre proceso penal en el fuero castrense, y por tanto implicara una larga discusión, fue entregado al Pleno el 5 de noviembre de 2021.
Las tres controversias pendientes, en tanto, prácticamente ya quedaron sin materia, pues fueron promovidas por un municipio y dos gobiernos estatales para impugnar el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, para uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
El Pleno de la Corte avaló este Acuerdo, por mayoría de ocho votos, el pasado 29 de noviembre.
JFF