El País.- Irán ejecutó a un segundo detenido en las manifestaciones que recorren el país desde hace tres meses, confirmó ayer Mizan News, un medio de la propaganda oficial iraní vinculado con el poder judicial.

Majid Reza Rahnavard, de 23 años, murió ahorcado en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán, en la que ha sido la primera ejecución en público de un manifestante detenido en las actuales protestas.

El joven murió en la horca cuando solo habían transcurrido 23 días de su arresto el 19 de noviembre. Pocos días después, fue condenado a muerte, acusado de haber matado a puñaladas a dos miembros de la milicia paramilitar Basij y bajo el cargo de “enemistad con Dios”.

Un primer manifestante, Mohsen Shekari, también de 23 años, ya fue ejecutado el 8 de diciembre —en esa ocasión en la cárcel— por el mismo delito y una acusación similar, aunque menos grave: haber herido con un arma blanca a un paramilitar basiyí.

El caso de Majid Reza Rahnavard ha elevado aún más la preocupación internacional por lo que sucede en Irán. La abogada iraní de derechos humanos Shadi Sadr, cofundadora de la ONG Justice for Iran (Justicia para Irán), explica a este diario, en un intercambio de mensajes a través de Twitter, que el joven Rahnavard era “uno de los líderes de las protestas callejeras”.

Esta jurista, que logró revocar varias condenas a muerte contra activistas y periodistas antes de exiliarse en Europa en 2009, afirma que al hombre “se le negó el acceso a un abogado”. “En su lugar, se le designó uno de oficio. En el juicio, el letrado se puso del lado de la acusación y confirmó sus afirmaciones en lugar de defender a su cliente”, añade.

Violación del proceso penal

“Está claro que en el juicio no se respetaron las garantías procesales. Según las leyes islámicas vigentes en Irán, cualquier acusado tiene derecho a apelar su condena a muerte en un plazo de 20 días después de recibir la sentencia, que luego debería ser revisada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, [Rahnavard] fue ejecutado 18 días después de ser condenado. Se ha aplicado la pena capital antes de que su familia pudiera apelar”, afirma Sadr.

JRL