En México la realidad supera a la ficción, porque la “vida eterna” se puede ganar por acuerdos políticos subterráneos y eso ni siquiera García Márquez se lo hubiera imaginado en el éxtasis del realismo mágico.
Tampoco los mejores economistas del mundo creerían que un sufragio podría convertirse en un activo con alto valor monetario, pero así se las gastan algunos en los Poderes de la Unión.
Finalmente no prosperó la propuesta de transferir votos de los partidos grandes para que los pequeños lograran no solo la supervivencia sino la inmortalidad.
En caso de que hubiera pasado esa propuesta, que formó parte del Plan B de la Reforma Electoral y fue por parte precisamente de partidos políticos pequeños, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la habría rechazado por inconstitucional.
Si hubo condicionamiento del voto a cambio de esas cláusulas, desde ese momento comienza un deplorable concepto de lo que realmente es la democracia. El voto ciudadano debería tener la leyenda de que es único, personal e intransferible.
Los votos no son únicamente permanencia de instituciones políticas beneficiadas, sino que representan presupuestos y prerrogativas en general. Aunque fue uno de los que hicieron la moción, el Partido Verde al fin se desistió de su pretensión.
El voto mexicano se hubiera catapultado a la bolsa de valores y ni una criptomoneda tendría más rendimiento.
El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, rechazó de inmediato la idea planteada y que por poco se queda como ley, porque ya había pasado una aduana, pero fue descubierta y parada a tiempo.
AMLO, dijo, habría vetado todo el Plan B solo por eliminar esa idea, pero su propio partido lo había negociado con los partidos pequeños. De haber quedado en papel con la aprobación en lo general, tendría que mandarse a la Cámara Alta para que se discutiera en febrero, cuando inicia el periodo de sesiones de 2023.
Mientras eso se discutía, por otro lado pasaron otras propuestas como la disminución de recursos al INE por cinco mil millones de pesos, además de la cancelación de algunos departamentos del Instituto, que más temprano que tarde van a traer protestas y demandas laborales.
El propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha hecho pronunciamientos en el sentido de que iniciará una contraofensiva en el terreno legal tanto en tribunales nacionales como internacionales.
De hecho, quedaron intactos la mayor parte de los artículos que le interesan al Gobierno Federal y que podrán entrar en vigor una vez que lo promulgue el primer mandatario, López Obrador, si no es que antes se envían solicitudes de controversias constitucionales, ya sea por partidos de oposición o por el Consejo del INE.
En lo que no estoy muy de acuerdo es que al INE y a los tribunales electorales se les reduzcan las facultades de sanción a funcionarios públicos que promuevan su imagen con fines electorales.
Otros puntos del Plan B cancelan el Servicio Profesional de Carrera por el cual miles de funcionarios del INE se capacitan para brindar un mejor servicio y obtener escalafones laborales.
Tampoco es bueno que se les permita a los partidos en general guardar recursos de una ministración para utilizarlos en los siguientes procesos electorales.
Finalmente, sobre tema de la “vida eterna”, se incluyó de última hora un texto al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se indica: “En ningún caso se podrá transferir votación mediante convenio de coalición”.
MTOP