Derechos humanos, a poco sí mucho interés
Al final de cuentas, los diputados fingieron sordera y ceguera y no hicieron caso de las múltiples críticas de la ciudadanía a través de las redes sociales.
Los 20 diputados locales del PAN, PRI, Morena y PVEM salieron ayer de Guanajuato y de Ciudad de México hacia Madrid para empezar mañana su paseo, perdón, su curso de Derecho Parlamentario con enfoque en Derechos Humanos, en la Universidad de Salamanca, España.
El número de paseantes es más de la mitad del Congreso de Guanajuato -en total son 36- . El grupo es el más grande que haya ido a este tipo de cursos, ofrecidos cada semestre por la Universidad de Salamanca, España.
Desde enero de 2015, estos viajes cada enero y julio son cotidianos en cada legislatura desde hace varios años. Pero esta vez por poco y se van todos.
Los diputados que mandan selfies desde España son, del PAN: Angélica Casillas Martínez, Javier Torres Mereles, Jorge Ortiz Ortega, Katya Soto Escamilla, Martha Hernández Camarena, Martín López Camacho, Melanie Murillo Chávez, Rolando Alcántar Rojas, Bricio Balderas Álvarez y Víctor Zanella Huerta.
De Morena: Cuauhtémoc Becerra González, David Martínez Mendizábal (él pagó sus gastos), Ernesto Millán Soberanes, Hades Berenice Aguilar Castillo, Irma Leticia González Sánchez y Martha Edith Moreno Valencia.
Del PRI fueron tres de los cuatro: Alejandro Arias Ávila, Ruth Tiscareño Agoitia y Yulma Rocha Aguilar. Y del PVEM uno de los dos: Gerardo Fernández González.
Más allá de las críticas por el viaje que costó un millón 575 mil 112 pesos tomados del presupuesto público del Poder Legislativo, hay algo que despierta las críticas:
¿Cuándo, en un año y tres meses de Legislatura habían interesado a más de la mitad de los integrantes del Congreso los derechos humanos, como para querer estudiar sobre esa materia? Nunca.
Vale precisar las excepciones de diputados interesados en Derechos Humanos: el morenista David Martínez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que ha mostrado interés por atender a diversos grupos vulnerables; de la priísta Yulma Rocha, con la presentación y defensa de iniciativas a favor de las mujeres; y del ecologista Gerardo Fernández por los derechos de la diversidad sexual.
Fuera de ellos, los demás nunca han tenido interés por los derechos humanos de algún grupo vulnerable ni como diputados ni en su carrera política. Eso sí, de buenas a primeras, les surgió el interés solo cuando se trató de ir a pasear a España.
Contra feministas van a aprender de derechos
Las diputadas panistas Katya Soto y Martha Hernández, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, quienes con oídos sordos no dejan pasar varias de las iniciativas de la bancada feminista -formada por Yulma Rocha, la ecologista Martha Ortega Roque y Dessire Ángel Rocha– para proteger, defender y promover todo tipo de derechos de las mujeres, también andan en el terruño de nuestros antepasados.
Cuando Katya y Martha han aceptado que las mujeres tienen derechos, sacan iniciativas panistas, incompletas. El trío de feministas no se desanima y de vez en cuando se anota un logro como la reciente reforma al Código Civil para introducir la figura legal de violencia vicaria.
Si realmente los diputados panistas tuvieran interés genuino en atender y proteger los derechos humanos, ya hubieran abierto la posibilidad de reconocer los derechos de comunidades diversas como la LGTB.
Junta de Gobierno, ausente
Llama la atención que entre los diputados viajeros están tres de los cinco coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado y al mismo tiempo integrantes de la Junta de Gobierno: Ernesto Millán, de Morena; Alejandro Arias, del PRI, y Gerardo Fernández, del PVEM.
De la Junta de Gobierno solo se quedaron en Guanajuato el panista Luis Ernesto Ayala Torres y Desiree Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano.
Por lo que si se presenta algún asunto relevante, de urgente resolución, dicho órgano de decisión del Poder Legislativo no se podrá reunir porque la mayoría estará ausente, así que quien tomará las decisiones, de manera unilateral, será Ayala Torres, pues él tiene voto ponderado, es decir, su voto vale más que los demás, por ser representante del grupo parlamentario mayoritario en el Congreso.
Las promesas de AMLO
Luego de cuatro años hay promesas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido a los guanajuatenses. La más importante: Agua para León.
En octubre del 2018, en su gira por Guanajuato López Obrador dijo en la Plaza Principal de León: “Vamos a resolver el problema de la presa de El Zapotillo para que haya agua para León. No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos. Vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina y vamos a tener un acuerdo con el Gobierno de Jalisco”.
Pero en agosto del 2021 canceló el proyecto que traería agua a León al asegurar que la decisión era para evitar la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, por lo que el agua se destinaría al Área Metropolitana de Guadalajara.
El Gobierno federal comprometió apoyar un plan alternativo que el Gobierno de Guanajuato ha trabajado con la Conagua para garantizar el agua no solamente para León, sino Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. Ahora dicen que los acuerdos van avanzados, pero la realidad es que todavía no hay convenios, ni proyecto, ni recursos. Otro sexenio (como con el PAN y el PRI) que patean el bote con el agua.
Otra incumplida
El 9 de diciembre de 2022, López Obrador anunció que en Guanajuato se implementaría una estrategia especial de seguridad para disminuir el número de delitos y homicidios que se registran en la entidad.
Sin embargo, todavía no se conoce cómo se efectuará dicho operativo y en qué consistirán las acciones a favor de Guanajuato.
También se prometió un fondo especial para los 50 municipios con más violencia en el país (entre ellos León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Apaseo el Grande) pero no llegó un peso. Además el Fortaseg -que recibía una veintena de municipios en la entidad- se eliminó en 2020.
Infraestructura, no
La principal petición que hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en su primer encuentro con AMLO en diciembre de 2018, fue concretar la ampliación y modernización de la carretera Silao-San Felipe (uno de los proyectos ejecutivos contemplaba al menos dos puentes vehiculares, un paso inferior peatonal, puentes peatonales y un túnel).
‘Lo vamos a ver’, le dijeron, sin embargo, presupuesto nunca hubo.
Es una vialidad por la que circulan a diario cientos de tráileres con mercancía con rumbo a Estados Unidos.
Actualmente la única obra que se realiza con fondos del Gobierno federal en Guanajuato es la modernización del entronque de la carretera 45-Comanjilla.
Otra urgencia es la ampliación de la infraestructura hospitalaria del IMSS en municipios como Guanajuato y todo el Corredor Industrial. Han prometido que habrá un nuevo hospital; municipios como Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya han apurado la compra y donación de predios en espera de noticias, pero aún no queda claro cómo y cuándo se realizará la inversión ni de cuánto será.
Una obra en proceso y que sigue sin concluir es la clínica No. 60 ubicada en Valle de los Naranjos, en León, cuya construcción se anunció desde 2017.
Luego de los problemas entre la institución y el contratista, la última noticia es que iniciaría operaciones en enero del 2023, de acuerdo con lo que declaró el delegado del IMSS en la entidad, Marco Antonio Hernández Carrillo. el pasado julio.
En ese entonces el delegado afirmó que las obras avanzaban al 80 % y en enero iniciaría sus operaciones con un costo aproximado de la obra de 80 millones de pesos. Aún no se informa si ya está en servicio.
Ayudas sociales, sí
Un proyecto ya en marcha son las Universidades del Bienestar, hoy con sedes en Cuerámaro, San Diego de la Unión y San José Iturbide.
Y aunque ya se iniciaron las clases, en meses pasados los alumnos y docentes de las universidades denunciaron falta de recursos, especialmente en San José de Iturbide, y la de Cuerámaro cuenta con la infraestructura básica, los edificios no están terminados.
En este tema el delegado de los Programas del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, dijo que las universidades de San Diego y Cuerámaro se encuentran consolidadas y en actividad.
“La sucursal de Cuerámaro la visité hace unas semanas, las instalaciones ya en su totalidad construidas y los muchachos ya incorporados. La de San José Iturbide tuvo unos problemas administrativos pero ya la institución los está atendiendo”, expresó.
En cuestión de las becas y programas de adultos mayores ya se superaron las metas, comentó el delegado de Programas para el Bienestar. Ya que se tiene en su totalidad a los adultos y jóvenes incorporados y cada bimestre son más los que se benefician al cumplir los años que establece el programa.
Otra promesa presidencial fue la de trasladar las oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a León. En septiembre de 2021 la secretaria Luisa María Alcalde estuvo en León para supervisar la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Laboral y aseguró que seguía en planes. Pero nada pasó.
Agua, el botín
La crisis de agua en Rincón de Tamayo en Celaya ha provocado que grupos sociales y funcionarios públicos aprovechen la situación como botín político de cara a las elecciones de 2024.
En los últimos años se ha hablado de la grave situación hídrica que enfrenta Celaya, principalmente colonias populares y comunidades como Rincón de Tamayo, que tiene más de 15 mil habitantes y donde a las familias les llega agua solo una hora al día además de tener un drenaje completamente colapsado.
El servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado de las comunidades en Celaya es operado por comités rurales que no solo han demostrado ineficacia, sino un sinfín de irregularidades y actos de corrupción.
Tan solo en Tamayo se reportan ganancias mensuales superiores a los 500 mil pesos, y hay señalamientos de corrupción por parte del expresidente del comité, Juan Carrera, quien se llevó hasta el tinaco.
El Gobierno Municipal encabezado por Javier Mendoza se echó el torito de extinguir el comité y darle el servicio a Jumapa, que a duras penas puede con la operación en la zona urbana, por lo que tendrán que invertir 200 millones para evitar que Tamayo se quede sin agua, sin que hasta ahora se conozca de dónde sacarán esos recursos.
El proceso de socialización para lograr esto fue dirigido por el director de Desarrollo Social, Francisco Arreguín, de quien se dice tiene la ilusión de ser el candidato del PAN a la Presidencia Municipal para 2024 y quien está organizando a varios grupos en Celaya.
El principal grupo opositor es el Consejo Comunitario de Rincón de Tamayo, encabezado por simpatizantes de Morena que también buscan el botín político de cara al proceso electoral ya que la zona sur del municipio representa una buena cantidad de votos.
La manifestación del jueves fue orquestada por este grupo y por Ricardo y Jesús Paz, simpatizantes de Morena, quienes incluso pusieron sus camiones de transporte público para movilizar a los inconformes.
Mientras todos intentan llevar agua para su molino, a final de cuentas los más afectados son los habitantes de Rincón de Tamayo y varias comunidades que no solo reciben poca agua sino que la que reciben está contaminada al no cumplir las normas sanitarias vigentes.
MCMH