Caracas.- El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el lunes que solicitó el arresto de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015.
Saab indicó que ya se emitieron las órdenes de aprehensión de Dinorah Figuera, Marianella Fernandez y Auristela Vásquez por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales y asociación ilícita.
El Ministerio Público también solicitó el alerta roja a Interpol y la incautación de sus bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas y prohibición de enajenar y gravar activos.
También solicitó la detención de José Figueredo Márquez, secretario, y Luis Alberto Bustos, subsecretario de la Asamblea opositora.
Ninguno de ellos se encuentra en Venezuela.
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, comentó sobre las órdenes de aprensión en Twitter y aseguró que su país está del lado de los que defienden la democracia venezolana. Añadió que los ataques a la oposición, incluidos miembros de la Asamblea, impiden soluciones democráticas. “Todos los esfuerzos deben estar enfocados en crear un camino para elecciones libres y justas en 2024”, escribió.
Durante su primera rueda de prensa como presidenta de la Asamblea opositora, Figuera declaró que la orden del fiscal afianza la decisión de la junta directiva de estar en el exilio. “Si pretenden hacer acciones contra la directiva de la legítima AN (Asamblea Nacional), no van a poder y seguiremos con más fuerza brindando acciones”, dijo.
La junta directiva fue designada el pasado 30 de diciembre cuando los exdiputados de la Asamblea opositora votaron a favor de la eliminación del gobierno interino liderado hasta ese momento por Juan Guaidó. Propusieron crear, en reemplazo, una comisión encargada de administrar los activos del país en el exterior, manteniendo las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA que controla Citgo, una refinadora con sede en Houston.
Según cálculos ofrecidos por Saab, el monto de activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados en el extranjero pudiese ubicarse por encima de los 30.000 millones de dólares estadounidenses.
La Asamblea Nacional elegida en 2015 funciona aún, aunque de manera simbólica ya que según la ley venezolana su mandato terminó en 2021. Sin embargo, los opositores -muchos de ellos en el exilio- no reconocen como legítimas las elecciones de 2020 en las que el gobierno recuperó el control de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez.
La oficina del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió el martes pasado un comunicado en el que reconoce como única institución legítima a la Asamblea electa en 2015 y respalda su decisión de eliminar el gobierno interino y crear una comisión. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como residente legítimo de Venezuela.
El fiscal venezolano se refirió el lunes al gobierno interino como la peor megabanda de delincuencia organizada e hizo énfasis en que la oposición se ha aprovechado de la coyuntura política, como la presidencia de Donald Trump, para crear un gobierno irreal y atentar contra el Estado venezolano.
Saab recordó que el 23 de enero de 2019 el exdiputado Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela en un acto público. Posteriormente, Guaidó fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela por casi 60 países, apoyándose fuertemente en el gobierno de los Estados Unidos, quien le garantizó acceso a activos venezolanos como Citgo y Monómeros, recientemente recuperada por el gobierno venezolano.
Minutos después, el presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2020, Jorge Rodríguez, quien fue reelecto el 5 de enero, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la Asamblea Nacional opositora -de 2015- como una “banda de ladrones” y celebró las solicitudes de aprehensión dictadas por el Ministerio Público.
Rodríguez hizo énfasis en los montos manejados por el extinto gobierno interino y resaltó que la Asamblea electa en 2015 se sostiene por “la prepotencia” del gobierno estadounidense.
JFF