Ciudad de México.– Tres extitulares del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), entre ellos Julia Tagüeña Parga, y otros dos académicos libraron en forma definitiva el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero por las supuestas aportaciones ilegales del Conacyt por 244 millones de pesos.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sobreseyó la causa penal contra los cinco científicos, un fallo que tiene los alcances de sentencia absolutoria.

Lo anterior, porque la FGR ya no puede seguir investigándolos ni acusarlos por los mismos hechos, y los jueces tampoco pueden vincularlos a proceso por esos delitos, uno de ellos con prisión preventiva de oficio.

En una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez canceló la indagatoria en favor de Tagüeña, la principal señalada en este asunto, así como a José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, también excoordinadores del FCCyT.

También dictó la misma determinación para Teresa de León Zamora, directora de Comercialización de Tecnologías del Conacyt, y Marcial Bonilla Marín, exsecretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica.

Jesús Moreno de Leija y Alberto del Río Azuara, abogados de los tres ex titulares del Foro, dijeron que el juez argumentó que los hechos imputados por la FGR no eran constitutivos de delito y que no corresponden a las conductas penales que les trataron de fincar.

El juez Gregorio Salazar dictó el sobreseimiento, partiendo de lo que él mismo determinó el 21 de septiembre de 2021, cuando él negó las órdenes de aprehensión; es decir, para el juez, los hechos imputados por la FGR no son constitutivos de delito”, explicaron. 

“En otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra luego de casi 16 meses desde que ese juez federal negara girar las órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores”. 

Esta audiencia no se llevó a cabo por órdenes de una autoridad jurisdiccional, sino porque la defensa solicitó llevarla a cabo, ya que a fines del año pasado un tribunal ordenó cancelar esta investigación para cuatro de los implicados. 

Ahora ya son nueve los científicos, de los 31 contra los que se negó la orden de aprehensión, que logran la cancelación definitiva de las acusaciones penales más graves en su contra. 

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FRG

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