Un amable lector de esta columna, me envió una lista de temas que le gustaría tratar. Hoy incorporo el primero y cito su primer cuestionamiento intitulado por él “De una docena de ocurrencias a una colección de incertidumbres”. 1) INSABI fallido, 2) IMSS-Bienestar incompetente, 3) Cofepris centralizada y corrupta, 4) Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de Salud desaparecida, 5) Compra de medicamentos sin rumbo, 6) Distribución de medicamentos sin distribución, 7) Consejo de Salubridad General inoperante ante la pandemia, 8) Médicos formados en escuelas de medicina Benito Juárez, 9) Médicos cubanos con credenciales dudosas y atribuciones indefinidas, 10) Plazas para residencias insuficientes, 11) Institutos Nacionales de Salud acosados, 12) Recentralización de la administración pública de la salud sin reglas ni razones de peso. ¿Hacia dónde va el sistema de salud? No es a Canadá ni a Dinamarca ¿Entonces, a dónde?
Suscribo la docena de aseveraciones que he cubierto además en columnas anteriores; también es claro que no iremos al sistema de salud nórdico. ¿Entonces, a dónde? A un más fragmentado, subfinanciado y débil sistema de salud público, incapaz de ofrecer los servicios esenciales de salud pública a los que obliga el derecho humano a la salud. A un sistema donde personas físicas, morales e instituciones de asistencia social se desarollarán más para ofrecer los servicios de medicina preventiva, curativa, de rehabilitación y de paliación con cargo al bolsillo de la población derechohabiente que pagará doble, y de la población no derechohabiente que caerá en mayor pobreza. Hemos propuesto se integre una Comisión Nacional donde concurran todos los actores y se revise con indicadores robustos cómo tender a la Universalización de Servicios de Salud a lo largo y ancho del país, incluyendo la revisión de la sustentabilidad financiera para hacer efectivo el derecho a la salud.
De los médicos cubanos con credenciales dudosas y atribuciones indefinidas les hago un recuento a propósito del riesgo a la salud y la vida de quienes ellos pudieran atender. En el marco de la dictadura sanitaria el Secretario de Salud publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2020 que señalaba con el pretexto de la emergencia sanitaria, que facultaba a las unidades médicas y los gobiernos de las entidades federativas a contratar personal profesional de la salud en el extranjero, sustentado en un acuerdo de la Secretaría de Salud con la autoridad sanitaria del país de origen; que el personal contara con la documentación que le permitiera ejercer su profesión en el país donde realizó su formación académica; y que esta última diera una carta responsiva que avalara la capacidad técnica.
El desenlace era obvio, llegaron anunciados con bomba y platillo por el inquilino del palacio los profesionales de la isla caribeña en mayo de 2022, cuando la pandemia según ellos mismos, ya “estaba bajo control”. El 17 de mayo presentamos punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el ejecutivo federal se abstuviera de contratarlos ante las irregularidades presentadas en sus esquemas de contratación y atentados hacia sus derechos humanos que habían sido documentados por la ONU, la OEA y otras naciones. Los elementos probatorios de su formación profesional y de especialidad en el campo de la medicina sigue siendo negado al ser clasificado como información reservada; y los criterios de compatibilidad y certificación de la formación profesional respecto a las normas aplicables a los de nuestro País, que siguen brillando por su ausencia.
Bajo la consigna de que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley, se contrataron y hoy no sabemos en qué unidades ejercen, en qué condiciones laboran y qué resultados están entregando a la población mexicana. Sí sabemos los cientos de miles de dólares que están enviando a la isla con el citado acuerdo interinstitucional.
La respuesta llegó esta semana por cuenta del diputado del PT Alberto Anaya Gutiérrez, quien presentó una iniciativa de Ley que dice tiene por objeto que la expedición de la cédula de médico especialista será responsabilidad de Secretaría de Educación Pública y garantizará a los profesionales de la medicina el ejercicio pleno de sus derechos, el reconocimiento y validación de sus estudios en el extranjero.
Lo que pretende con la “excepción propuesta” es que los médicos que hayan cursado sus estudios en el extranjero, presenten ante el consulado o embajada mexicanos copias certificadas que acrediten su formación en otro país y se les extienda ipso facto la patente para el ejercicio profesional. Nos uniremos con el gremio nacional para impedirlo. ¿Cuál Calidad? ¿Cuál Seguridad? ¿Cuál Certificación? Los mexicanos no debemos caer por ocurrencias en nuevas incertidumbres de la calidad de la atención médica.