Ciudad de México.- Por pagos supuestamente ilegales de casi 100 millones de pesos, con recursos de la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, una juez federal canceló tres delitos y procesó sólo por uno a Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, quien suma ya tres procesos en contra.
Al mismo tiempo, la imputación fracasó por completo contra una ex subordinada de Gómez, pues la juez resolvió no vincular a proceso por ninguno de los cuatro delitos que le atribuyeron a Débora Schlam Epelstein, ex directora General de Programación y Presupuesto.
En una audiencia de casi seis horas, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, el pasado domingo, la Fiscalía pidió procesar a las ex colaboradoras de Jesús Murillo Karam por emplear recursos de la Partida 33701, denominada Gastos de Seguridad Pública y Nacional para fines ajenos a sus propósitos.
La Juez de control Beatriz Moguel Ancheyta, sin embargo, sólo halló elementos para procesar a la ex Oficial Mayor por dos modalidades del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, una por contratar ilegalmente bienes y servicios con recursos públicos y otra por emplear estos dineros para un fin distinto al que estaban destinados.
La celebración de tales contratos adolece de un razonamiento objetivo, técnico y especializado que justifique la adquisición de los servicios contratados y el monto erogado, así como la razón por la cual se evitó la celebración de una licitación pública, o bien, una invitación restringida a cuando menos tres proveedores”, dijo la juez al procesar a la ex Oficial Mayor.
No obstante, Moguel rechazó vincularla a procedimiento por los delitos de asociación delictuosa, fraude equiparado y peculado.
En el caso de Schlam Epelstein, defendida por el defensor público Luis Bolívar Realpe, la juzgadora no halló datos de prueba para procesarla por ninguno de los cuatro ilícitos.
Resolvió que en cuanto a la asociación delictuosa, la FGR no acreditó el requisito de tener la intención constante y permanente de perpetrar acciones ilícitas; y sobre el fraude concluyó que el delito ya estaba prescrito.
Sobre el peculado, consideró que no puede aplicarse de manera separada del delito de uso indebido del servicio público y debía prevalecer este último al ser un tipo penal más específico.
Si bien Schlam libró todos los ilícitos, Moguel rechazó sobreseer o cancelar en definitiva esta investigación en su contra, dejando a la Fiscalía la posibilidad de continuar con la indagatoria y volver a imputarla judicialmente por los mismos hechos.
La juzgadora fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, dictó la libertad a Schlam y le reiteró a Gómez Molano las medidas cautelares que ya tiene impuestas en los otros dos procesos.
Es decir, el uso de un brazalete electrónico, la garantía que ya tiene cubierta por un millón de pesos, no cambiar de domicilio, la prohibición de salir sin autorización de Pachuca y del país, para lo cual ya se emitió la alerta migratoria.
Las otras medidas son su presentación quincenal en la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse a las instalaciones de la FGR, la Policía Federal Ministerial (PFM), a sus computados o alguno de los fiscales encargados de su proceso penal.
Para Gómez Molano este es el tercer proceso que le inician, lo que la convierte en la ex funcionaria de la PGR con más expedientes judicializados en contra.
Las otras causas penales le fueron iniciadas por la supuesta compra con sobreprecio de un avión Bombardier Challenger 605 de casi 20 millones de dólares, y el presunto desvío de más de 852 millones de pesos en la adquisición de 24 camionetas con equipo de espionaje.
La acusación
De acuerdo con la FGR, las ex funcionarias usaron la Partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” para pagar contratos a las empresas Asesoría Empresarial en Comunicaciones, Nuga Sys, Concretech, Esiglo Ti S.A. de C.V. y Grupo de Tecnología Cibernética, así como de realizar pagos a Constructora L.A.A. y Distribuidora Comercial Zogbi.
Las compañías proveyeron actualizaciones de licencias de software y antivirus, herramientas de cifrado de información, borradores digitales e infraestructura de cómputo, así como el proyecto arquitectónico del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la FGR en Querétaro y reactivos para elaborar perfiles de ADN.
La juez estableció que el total de las contrataciones indebidas ascendieron a 99 millones 999 mil 927 pesos, sin embargo, la suma usada indebidamente de la Partida en cuestión fue de 69 millones 759 mil 436 pesos.
La Fiscalía sostiene que estos gastos fueron ilegales porque no justificaron su urgencia, riesgo y confidencialidad, como lo exige el Manual para emplear esta partida, regularmente empleada por corporaciones federales para pagar viáticos e informantes de indagatorias.
Por estos hechos, la FGR imputó los mismos cuatro delitos a Vidal Díazleal Ochoa, ex jefe de la Policía Federal Ministerial, y el Capitán Humberto Antimo Rivera, ex director de Seguridad Institucional de la PGR; sin embargo, el miércoles pasado la juez sólo los vinculó a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades.
JRL