París.- Los opositores al plan de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron están organizando una octava ronda de huelgas y protestas el miércoles mientras un comité conjunto de senadores y legisladores de la cámara baja examina el proyecto de ley impugnado.
El último paso en el proceso legislativo para elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años está provocando un pico de tensiones políticas y una pregunta clave: ¿El proyecto de ley tendrá una mayoría parlamentaria?
Mientras tanto, los sindicatos esperan que las 200 manifestaciones que tienen lugar en todo el país muestren aún más la oposición masiva de los trabajadores al plan, promovido por Macron como parte central de su visión para hacer que la economía francesa sea más competitiva .
Las huelgas en Francia son parte del malestar generalizado en Europa occidental por la situación económica. En Gran Bretaña el miércoles , maestros, médicos jóvenes y personal de transporte público se encontraban entre los que estaban en huelga para respaldar sus demandas de salarios más altos para igualar los precios en aumento.
La reunión del miércoles de siete senadores franceses y siete legisladores de la Asamblea Nacional tiene como objetivo llegar a un acuerdo sobre la versión final del texto. Se espera que el Senado lo apruebe el jueves, ya que su mayoría conservadora está a favor de elevar la edad de jubilación.
Sin embargo, la situación en la Asamblea Nacional es mucho más complicada.
La alianza centrista de Macron perdió la mayoría en las elecciones legislativas del año pasado, lo que obligó al gobierno a contar con los votos de los conservadores para aprobar el proyecto de ley. Los legisladores de izquierda y de extrema derecha se oponen firmemente a la medida.
El jefe de los republicanos conservadores, Eric Ciotti, quien también tiene un escaño en la Asamblea Nacional, dijo en el diario Journal du Dimanche que “el mayor interés de la nación… nos ordena votar por la reforma”.
Pero los legisladores conservadores están divididos y algunos planean votar en contra o abstenerse, lo que dificulta predecir el resultado en la cámara baja.
Sin garantía de una mayoría, el gobierno de Macron se enfrenta a un dilema: una votación el jueves por la tarde en la Asamblea Nacional daría más legitimidad al proyecto de ley, si se aprueba, pero existe el riesgo de que sea rechazado.
Otra opción sería utilizar un poder constitucional especial para forzar la aprobación del proyecto de ley en el parlamento sin votación. Pero una medida tan impopular provocaría críticas inmediatas de la oposición política y los sindicatos sobre la falta de debate democrático.
JRL