Guanajuato – El estado de Guanajuato no cuenta con los suficientes agentes del Ministerio Público y cada uno de ellos está saturado de trabajo.
El Estado presenta un déficit de 289 agentes del Ministerio Público para alcanzar al menos la media nacional.
Esto provoca una congestión de procesos y una saturación en los agentes: cada uno de ellos trabajó en promedio en 264 casos diferentes en 2022.
Esa cantidad supera a la media nacional de 145 carpetas por agente en 2021, según cifras de México Evalúa, organización ciudadana que monitorea la operación gubernamental para medir la calidad de sus resultados.
Estos datos los publicó la diputada por Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha y forman parte de una serie de preguntas a la Fiscalía General del Estado sobre el informe 2022 de su titular, Carlos Zamarripa Aguirre.
El promedio para que se judicialice una carpeta ordinaria si bien te va es de un año a un año y medio. Los fiscales están sobresaturados de trabajo”, aseguró el abogado Roberto Saucedo Pimentel.
No está claro cuántos agentes investigadores tiene ahora la Fiscalía General del Estado, aunque México Evalúa registró 502 en 2021.
Según confirmó la FGE a la diputada, se hizo una convocatoria en noviembre de 2021 y un año después se reclutó a 31 agentes.
Y actualmente están seleccionados otros 31 que están en proceso de reclutamiento porque aún no concluyen sus estudios.
La carga de carpetas de investigación por agente del Ministerio Público, que en 2021 era de 258 subió a 264 el siguiente año.
Estos números, dice México Evalúa, tienen un impacto significativo en la capacidad del sistema para atender a las personas usuarias y la calidad de su respuesta, sobre todo para la prontitud en procuración de justicia.
Dessiré Ángel Rocha comentó que la saturación del trabajo ministerial subió del 10 al 13.17%.
Explicó que al tener un alto número de carpetas de investigación por agente, pocos casos terminan en un proceso judicial, la tasa de Guanajuato es de 8.2% mientras que en estados como Sonora tiene 33.9 %.
Sin embargo, Guanajuato tiene un índice de impunidad del 80.3%, inferior a la media nacional, que está en 91.8%.
En cifras
- 264 casos en promedio manejó cada agente en 2022
- 145 la media nacional manejada por agente en 2021
- 8.2% de los casos terminan en un proceso judicial
Se atoran expedientes a la hora de investigar
La diputada Dessiré Ángel Rocha, señaló que tener más agentes del Ministerio Público es solo parte de la solución, pues el objetivo principal es que se investigue y que la mayoría de los casos no terminen en el no ejercicio de la acción penal o el archivo temporal.
Necesitas más policías ministeriales, más peritos, hay que poner cada indicador en perspectiva para tener un mejor entendimiento de los resultados”, apuntó la legisladora.
En el año pasado 77 mil 506 denuncias por presuntos delitos, no fueron investigados
En 2022 hubo 77 mil 506 carpetas de investigación con determinación de no ejercicio de la acción penal, es decir, se tomó la decisión de abstenerse de investigar.
En tanto que otras 40 mil 547 carpetas se archivaron temporalmente.
No obstante, la Fiscalía justificó estas determinaciones con base en los supuestos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al análisis se sumó el abogado Roberto Saucedo, integrante del colectivo Abogados Independientes de Guanajuato.
En términos generales, “la recepción de una denuncia es muy rápida, esto sí ha mejorado, pero luego ya se le asigna a un agente investigador y es en donde los expedientes van muy, muy lentos”.
Añadió que entre abogados es sabido “que si no estás encima del Fiscal dando guerra por lo menos una vez a la semana, el asunto no avanza”.
Son miles y miles las carpetas que se van al archivo temporal (en espera de suficientes elementos para avanzar). Y es muy raro que salgan de ahí, se van a quedar hasta que prescriben”.
Al final, “la cantidad de asuntos que llegan a sentencia es muy pequeña”.
Rebasan procesos al MP y a juzgados
Es innegable el rezago en las investigaciones por la tardanza de los agentes del Ministerio Público, coinciden desde el Colegio de Abogados, litigantes, así como personas que tienen denuncias en proceso.
Sin embargo, para los conocedores de la situación, es claro que estos elementos de la Fiscalía General del Estado están rebasados de trabajo.
Los entiendo perfecto, uno acá afuera no sabe, pero es inhumano el ritmo de trabajo, incluso 24 x 48 horas, es tan estresante”, aseguró la licenciada Patricia Martínez.
Miguel Sujo, vicepresidente del Colegio de Abogados de León, comentó: “si platicas con los agentes prácticamente están dejando sus vidas en las agencias”.
Para él y para Jorge Marcelino Tejo, presidente del Colegio de Abogados del estado de Guanajuato, la delincuencia y los delitos derivados de ella han superado la capacidad de las fiscalías.
Y concuerdan en que tampoco el Poder Judicial está teniendo la capacidad para enfrentar este sistema.
Los casos
Sandra Franco metió una demanda por un percance automovilístico hace más de cinco meses y no ha avanzado.
Me traen que marque cada 15 días, que están checando el papeleo”.
Su asesor jurídico le da buen trato y todas las explicaciones que ella pide, “pero eso sí, me trae vuelta y vuelta”.
La litigante Patricia Martínez mencionó que entiende las condiciones en que trabajan los agentes investigadores.
Aparte del trabajo de campo deben generar estadísticas, revisar expedientes, atender las audiencias que llegan, las pruebas que tienen que desahogar”.
Por su parte, Leonardo, abogado de lo familiar, lamentó que ahora se les limite el tiempo en que les prestan los expedientes por la cantidad de solicitantes.
Dijo que las fechas de asignación de audiencias se han extendido e incluso hay tardanza de horas al entregar copias y otros documentos, cuando antes no eran más de 30 minutos.
En todo caso, “en la pandemia las cosas eran más ágiles, las audiencias podían ser virtuales”.
La pareja formada por Antonio Zapién y Carolina Murillo tienen un proceso por posesión de propiedad que lleva 10 años.
No viven en la ciudad y llegaron a la sede de la Subprocuraduría para hablar con su abogada.
“Tenemos tres años sin saber del caso, por pandemia no pudimos viajar, pero ya es demasiado, no debe haber prioridad en la atención, si uno es de aquí o de otro lado”.
En una demanda por reconocimiento de paternidad, el proceso está atorado desde hace tres años, en parte porque la demandada no ha acudido a audiencia alguna y por otra, por el desempeño de los MP.
Así lo cree Carmen Muñiz, madre de un joven que busca recuperar a su hija. Era él quien informaba del constante cambio de domicilio de la madre.
La carpeta quedó abandonada, hasta el abogado nos dejó. Los agentes deberían haber sido quienes entregaran los citatorios, pero hasta con mi hijo los mandaban”. Nunca los atendió.
Es la carencia de elementos para poder llevar los asuntos al juez lo que provoca rezago.
“Tenemos agentes del MP que reciben las denuncias y les dan los primeros trámites, pero siguen recibiendo y no les dan continuidad y esto se refleja en que el justiciable no tiene acceso a la justicia (…) Una forma en que está trabajando la Fiscalía con la que no compaginamos es que si yo voy mañana a checar una carpeta sin haber avisado, dicen: No te puedo atender, y me agendan a 15, 22 días”, explicó Miguel Sujo.
Y también Juzgados
“Ahorita nos están señalando fechas de juicio, hoy, marzo, hasta agosto u octubre, cuando la ley es muy clara: para un tema de juicio, la audiencia se debe celebrar en no menos de 20 días ni más de 60”.
“Y los asuntos que se judicializan, tampoco el Poder Judicial está teniendo la capacidad para enfrentarlos, algo que se previó hace unos años y que la pandemia ayudó”, al cúmulo de trabajo.
Para Jorge Marcelino Trejo, el tema “está de foco amarillo prácticamente rojo”, tanto en delitos del fuero común como de alto impacto.
Es una ruta crítica, porque “al integrar las carpetas se lleva un periodo largo, son diferentes peritajes, con una autoridad legista distinta, ahí también hay retraso, vas sumando cada uno de los temas, se va atrasando”.
“Y en lo que se manda a tribunal y en lo que este le da entrada y manda llamar a las partes”, se prolonga el rezago, con “cientos de procesos delante de ti, que el juez los está analizando, hasta que te toca”.
PCCD