León, Guanajuato.- La Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato exigió al Congreso local y al Gobierno del Estado la destitución del fiscal Carlos Zamarripa y del secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca.
El motivo que expusieron fue la evolución exponencial de los delitos, en particular los asesinatos.
Representantes de ese grupo hicieron un llamado a otros grupos sociales, no solo litigantes sino de la sociedad civil, a sumarse a su petición, manifestándose de manera virtual por los niveles de violencia alcanzados en los últimos años, como que desde 2019 el estado encabeza las cifras de homicidios a nivel nacional y ambos funcionarios siguen en sus cargos.
De acuerdo con datos del Inegi, solo en 2020 fueron asesinadas más de cinco mil personas y en este año van 511, si bien hay otros delitos que impactan a la sociedad como la desaparición de personas y la violencia contra las mujeres, no solo por feminicidio.
Los integrantes de esta asociación aclararon que no responsabilizan directamente al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, al fiscal Zamarripa y al secretario Cabeza de Vaca de estas muertes, pero sí han pecado de omisión.
Se nos ha vendido la idea de que el dúo dinámico Zamarripa-Alvar es el único que puede protegernos y eso es una mentira, en Guanajuato habemos abogados capaces, procuradores que se van con la frente en alto y yo creo que este no va a ser el caso del Fiscal”, declaró Oscar Alfredo Silva Ortiz, abogado e integrante de la asociación.
“Como abogados no queremos volver a ser parte del silencio cómplice de permitir que se estén dando tantas irregularidades, tanta violencia, por querer mantener a las mismas personas por más de 14 años, la situación ya es grave y se requieren acciones concretas”.
Roberto Saucedo Pimentel, otro integrante, enfatizó: “Algo está fallando en el sistema de seguridad, es decisión de Diego Sinhue remover o mantener a Alvar Cabeza de Vaca”, responsable de la prevención del delito.
Este funcionario debió haber sido removido del puesto hace mucho, aunque todo indica un compromiso político con el exgobernador Miguel Márquez, dijo Saucedo en una conferencia de prensa donde también estuvieron los litigantes José Alberto Cardona Maldonado y José Omar Jiménez Navarro.
En cuanto a la destitución del fiscal Zamarripa, apuntaron, está en manos del Congreso local.
Hicieron notar que el Colegio de Abogados de León y otros organismos gremiales han permanecido callados, los abogados dijeron que presuntamente se debería a intereses particulares de las cúpulas, por ejemplo, la obtención de notarías.
Las problemáticas ya los afectan no solo como ciudadanos sino en el desarrollo mismo de su profesión, y aseguraron que el crimen organizado ya ha comenzado a intervenir hasta en juicios de cobranza.
Ese es el estado de derecho que estamos teniendo”, lamentó Roberto Saucedo.
Al tema se suma que los agentes del Ministerio Público están desbordados, por lo que se busca inhibir las denuncias, desde homicidios hasta el simple cobro de una pensión alimenticia, juicios que duran años.
MTOP