Las multas de tránsito que pagamos los leoneses están reguladas en el Reglamento de Policía y Vialidad, publicado en octubre de 2018, el cual vino a abrogar el antiguo reglamento vigente desde 2009, cuyo cambio principal fue el incremento desproporcionado de sanciones por infracciones de tránsito.
En su momento, el objetivo principal de dicha modificación fue que el incremento en las multas se convirtiera en un elemento inhibidor de las infracciones viales, buscando con esto la reducción de accidentes, muy por encima de un interés recaudador para el Municipio, pero ahora en retrospectiva podemos concluir que esa estrategia no funcionó por las siguientes razones:
En principio se generaron un sinfín de quejas de la ciudadanía alegando el cobro de onerosas multas que afectaban su economía familiar, lo cual constituye una violación a los artículos 22 y 31 fracción IV de nuestra Constitución federal, que a la letra prohíben la aplicación de multas excesivas, además de que estas deben de aplicarse de manera proporcional y equitativa de acuerdo con la capacidad contributiva de cada ciudadano.
Pero, además, la incidencia en infracciones de tránsito no solo no disminuyó, sino que se incrementó a lo largo de estos años, pues en el año de 2019 se aplicaron 109 mil multas a automovilistas y en 2022, 155 mil, es decir, que en cuatro años -con el nuevo reglamento de Tránsito-, lejos de haber inhibido las infracciones viales, estas se han incrementado un 43%.
Lo que sí se dio fue un efecto recaudatorio depredador, que aumentó los ingresos municipales por este concepto en cuatro años, al pasar de poco más de 50 millones en 2018, a 119 millones en 2022, es decir, ¡un incremento del 138%!
Pero posiblemente lo más grave de todo esto es que el incremento en las multas de tránsito generó un mayor índice de corrupción, solo basta ver que en el año de 2019, en el cual fue el primer año completo con el nuevo reglamento, las denuncias de corrupción presentadas por ciudadanos en el Consejo de Honor y Justicia de los cuerpos de seguridad vial se fueron a más del doble, pues pasaron en promedio de 32 a 78 denuncias anuales, sin que hasta 2022 hayamos logrado bajar, por lo menos, a lo que teníamos antes de que entrara en vigor el nuevo reglamento, ya que, aunque se han disminuido considerablemente, el promedio de denuncias en esta Administración se mantienen en 36.
En cuanto a las multas por exceso de velocidad, efectivamente también disminuyen, pero hay que recordar que en los próximos meses su aplicación se llevará a cabo mediante las fotomultas, mismas que en una etapa inicial se implementarán en 10 cruceros importantes de la ciudad. Esta semana ya autorizamos la convocatoria para contratar al proveedor.
Este sistema ha comprobado tener un índice mucho menor de corrupción y otorga mayor certeza a los automovilistas, ya que quedará evidencia en imagen de la infracción cometida, pero aun así, el ciudadano conservará su derecho de audiencia para evitar problemas de violación de derechos; o bien, tendrá la oportunidad de conmutarla por trabajo social.
Queda claro que la mejor forma para disminuir las infracciones y evitar accidentes es mediante la concientización de los ciudadanos y no mediante la coerción. Por ello, la estrategia ha cambiado, ahora vamos a regresar las multas a como estaban anteriormente, con excepción de seis de ellas: No cumplir con la verificación, uso del celular, no usar cinturón, circular con vidrios polarizados, pasajeros en las motocicletas, y conducir en estado de ebriedad, las cuales por su peligrosidad deben mantener su grado de sanción.
LALC