Israel.- Decenas de miles de israelíes salieron a las calles de diversas ciudades del país el domingo por la noche en un brote espontáneo de indignación, luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu despidió abruptamente a su ministro de Defensa por oponerse al plan de reforma judicial impulsado por el mandatario.
Manifestantes en Tel Aviv bloquearon una carretera y encendieron grandes hogueras, y la policía forcejeó con inconformes que se reunieron frente a la vivienda privada de Netanyahu en Jerusalén.
La agitación profundizó una crisis que se vive desde hace meses en torno al plan de Netanyahu de reformar al poder judicial, un plan que ha desatado protestas multitudinarias, ha generado nerviosismo entre los empresarios y exjefes de seguridad, y ha sido recibido con preocupación en Estados Unidos y otros países aliados.
El despido del ministro de Defensa Yoav Gallant es un indicio de que el primer ministro y sus aliados impulsarán con todas sus fuerzas el plan de reforma esta semana. Gallant había sido el primer alto integrante del Partido Likud en oponerse abiertamente a él, bajo el argumento de que las profundas divisiones que había provocado en el país amenazaban con debilitar a las fuerzas armadas.
En un breve comunicado, la oficina de Netanyahu indicó el domingo por la noche que el premier había echado a Gallant. Posteriormente Netanyahu tuiteó: “Todos debemos permanecer firmes en contra del rechazo”.
Decenas de miles de israelíes salieron a las calles en protesta tras el anuncio de Netanyahu, bloqueando la carretera Ayalon —la principal vía de tránsito de Tel Aviv—, transformándola en un mar azul y blanco de banderas israelíes y encendiendo una enorme hoguera en medio de ella.
Hubo manifestaciones en Beerseba, Haifa y Jerusalén, donde miles de personas se reunieron frente a la residencia privada de Netanyahu. La policía forcejeó con los inconformes y usó un cañón de agua contra ellos. Miles de personas marcharon desde la residencia hasta la Knéset, el parlamento israelí.
Inon Aizik, de 27 años, dijo que acudió a manifestarse frente a la casa de Netanyahu porque “están ocurriendo cosas malas en este país”, y consideró que la reforma judicial es una “operación legislativa relámpago”.
Netanyahu despidió a Gallant menos de un día después de que el ministro, un exgeneral, pidiera una pausa en el controvertido proyecto de ley hasta el feriado del Día de la Independencia el mes próximo, bajo el argumento de que hay gran agitación en las fuerzas armadas.
Gallant había expresado su preocupación de que las divisiones en la sociedad estuvieran afectando el ánimo de los militares y envalentonando a los enemigos de Israel. “Veo cómo la fuente de nuestra fuerza está siendo erosionada”, advirtió.
Aunque varios otros miembros del Likud habían indicado que podrían seguir el ejemplo de Gallant, el partido rápidamente cerró filas el domingo, lo que facilitó su despido.
Galit Distal Atbaryan, ministro de diplomacia pública de Netanyahu, dijo que el primer ministro convocó a Gallant a su oficina y le dijo que “ya no tiene ninguna fe en él y por lo tanto está despedido”.
Poco después del anuncio, Gallant tuiteó que “la seguridad del Estado de Israel siempre fue y siempre será la misión de mi vida”.
El líder opositor Yair Lapid dijo que el despido de Gallant “daña la seguridad nacional e ignora las advertencias de todos los funcionarios de defensa”.
El cónsul general de Israel en la ciudad de Nueva York, Assaf Zamir, renunció en señal de protesta.
Se prevé que Avi Dichter, exdirector de la agencia de seguridad Shin Bet, reemplace a Gallant. Presuntamente Dichter había dado indicios de que adoptaría una posición similar a la de Gallant, pero en lugar de ello anunció el domingo que respaldaría a Netanyahu.
El gobierno del primer ministro está presionando para que esta semana se lleve a cabo una votación parlamentaria en torno a un punto central de la reforma, una ley que le daría a la coalición gobernante la última palabra sobre todos los nombramientos al poder judicial. También pretende que se aprueben leyes que le darían a la Knéset la autoridad para invalidar las decisiones del Tribunal Supremo con una mayoría simple y limitarían la revisión judicial de las leyes.
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