Ciudad de México.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral, conocida como “plan B“, debido a que podría vulnerar los datos personales.
En la última sesión de Pleno, antes de que se queden sin quórum, los comisionados consideraron que la reforma, que ya ha sido impugnada por el Instituto Nacional Electoral y legisladores de oposición, pone en riesgo el manejo de los datos de los ciudadanos.
“La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales incorpora el artículo 28-ter que en principio vulnera el principio de protección de datos personales y el derecho de acceso a la información al establecer la figura de flujo de información institucional en aras de integrar el sistema nacional electoral, lo que podría ser violatorio de la garantía de protección de datos personales al señar que toda la información institucional está disponible para la consulta de los organismos públicos y partidos políticos, incluso, aquella clasificada como reservada o confidencial”, señaló Gonzalo Sánchez de Tagle, director jurídico del Instituto.
Además, señaló, el artículo 61 de la misma norma modifica la ubicación de los módulos de atención ciudadana que puede generar el riesgo potencial que no se cumpla con las medidas de seguridad mínimas y necesarias para garantizar la protección de los datos.
En tanto, añadió, los artículos 331 y 333 establecen que las y los mexicanos que residan en el extranjero pueden solicitar su inscripción a las listas nominales del padrón electoral para votar con su pasaporte o matrícula consular, lo que podría poner en peligro los principios de integridad y unicidad de dicho padrón y, en consecuencia, los datos personales ahí contenidos.
Por último, se incorpora el artículo 18 en la Ley General de Partidos Políticos, la posibilidad de que un ciudadano que tenga conocimiento que se encuentra afiliado sin su consentimiento a un partido político pueda solicitar la cancelación de su registro conforme a derecho, sin embargo, el indebido tratamiento de datos no dará lugar a consecuencia jurídica alguna, lo cual es contrario a la ley de la materia”, apuntó.
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