León, Guanajuato.- Edgar Francisco Franco Ríos, titular del despacho señalado por presunto fraude inmobiliario, tuvo audiencia hoy y fue dejado en libertad gracias a un amparo.
Sin embargo, se espera que vuelva a ser detenido en breve, pues hay otra orden de aprehensión pendiente en su contra por el mismo delito.
El abogado Edgar Francisco Franco Ríos fue llevado a la Fiscalía región A, donde permaneció hasta las 2:40 de la tarde.
Algunas de las víctimas del fraude inmobiliario permanecieron afuera de las instalaciones de la Fiscalía.
Decenas de afectados se manifestaron frente al Cereso de León.
Con pancartas y gritos, una veintena de personas exigió entrar a la audiencia de esta mañana, sin embargo, los guardias les prohibieron el paso, pues solo tendrían acceso las 15 personas citadas por la Fiscalía General del Estado.
Estas personas ya tienen judicializadas sus carpetas en la causa penal 1P2023-576 por el delito de fraude.
Según los inconformes, que citaron en la Fiscalía, a la fecha hay 108 carpetas iniciadas contra el abogado Franco Ríos y quien resulte responsable.
En entrevista, también señalaron por daño patrimonial a las diferentes notarías donde ellos firmaban sus papeles o donde se los sellaban, sin cumplir el protocolo de hacerlo presencialmente ante el titular de la oficina.
Aunque ahora Edgar Franco busque deslindarse, afirmando que se firmó un contrato de prestación de servicios y no las escrituras de inmuebles por remate bancario, hubo consenso entre los afectados presentes en el Cereso de que el abogado y sus colaboradores actuaron con dolo.
El monto del presunto fraude, según, los afectados, ascendería entre los 50 y 80 millones de pesos.
Con Edgar Franco trabajaban su hermano, Carlos Fernando, y otros trabajadores como Enrique Mesa, Luis Humberto García, Mónica Navarro y Carlos Cortés Valadez. Los dos últimos se han sumado a las denuncias como presuntos afectados.
El asunto lleva unos días en los diarios, pero para Uvaldo Magallanes, Luisa Ortiz, su hija, Ana Vázquez, y su madre -persona adulta mayor que necesita desplazarse en silla de ruedas-, Ma. Isabel Maldonado, Luis Salas y su esposa Lucía, y decenas más, han sido meses de preocupación.
Isabel, por ejemplo, descubrió que Franco también le vendió la casa que ella creía haber comprado a otra persona en Durango y al menos otra más de aquí de León con la misma dirección.
“En la salita de la notaría compradores y abogados de Punto Legal leíamos los nombres, los datos de la casa que íbamos a adquirir, el monto que estaba pendiente, firmábamos los papeles, se los llevaban dentro de la oficina con el notario, los regresaban, pero jamás veíamos la cara del notario”, dijeron Isabel y Luisa.
Agregaron que luego les regresaban su carpeta y les pedían guardarla muy bien, “para dentro de siete meses que nos entregaran la casa”, algo que nunca ocurrió.
Sobre el resultado de la audiencia, se dijeron inconformes. Pero confían en que se cumpla la palabra del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y del fiscal Carlos Zamarripa, de que los apoyarán hasta las últimas consecuencias.
LALC