Estados Unidos.- El presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves que cientos de miles de migrantes que fueron llevados a Estados Unidos sin autorización legal cuando eran menores ahora podrán contar con las prestaciones de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Esta medida permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), aprobada por el entonces presidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.
“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, dijo Biden en un video publicado en su página de Twitter. “Necesitamos darles a los ‘dreamers’ las oportunidades y el apoyo que merecen”.
Es probable que la iniciativa genere un rechazo considerable de parte de los mandatarios conservadores de los estados que se han mostrado reacios a ampliar Medicaid y que critican la respuesta del gobierno de Biden al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos. Si bien el gobierno federal brinda fondos y pautas para Medicaid, el programa es administrado por los estados.
El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres llevaron a Estados Unidos cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una “presencia legal” en el país Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar a final de mes.
La decisión de la Casa Blanca se produce en un momento en que DACA enfrenta cuestionamientos legales y el número de beneficiarios se reduce.
Se estima que 580.000 personas seguían enroladas en el programa a finales del año pasado, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), una cifra inferior a la de años anteriores. Órdenes judiciales actuales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese nuevas solicitudes. El programa lleva años inmerso en desafíos legales, mientras que el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.
Los beneficiarios de DACA pueden trabajar de forma legal y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y se les niegan muchas de las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en el país.
En los últimos años, durante la pandemia del coronavirus, millones de personas se apuntaron en Medicaid, el programa que ofrece cobertura sanitaria a los estadounidenses más pobres. El gobierno incrementó los subsidios federales para reducir el costo de los planes de salud comerciales, según la ley de atención médica pública. El año pasado, solo el 8 % de los estadounidenses no tenía seguro médico, según el HHS.
Pero ni los beneficiarios del DACA ni quienes están en el país sin la documentación pertinente pueden ingresar a estos programas financiados con fondos federales. Casi la mitad de los alrededor de 20 millones de inmigrantes que viven bajo esta situación no cuentan con seguro médico, según una investigación de la Kaiser Family Foundation.
Otras clases de inmigrantes —incluyendo los solicitantes de asilo y personas con estatus de protección temporal— tienen de antemano la posibilidad de comprar un seguro médico a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la ley de atención médica de Obama a la que se conoce como “Obamacare”.
Impugnará EU límites a píldora abortiva ante Suprema Corte
El Departamento de Justicia aseguró este jueves que impugnará ante la Suprema Corte las restricciones impuestas por un tribunal federal de apelaciones a la píldora abortiva mifepristona, cuyo acceso está amenazado por una batalla judicial.
La Administración de Joe Biden irá a la Corte “para defender el juicio científico” de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) “y proteger el acceso de los estadounidenses a una atención reproductiva segura y eficaz”, dijo el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland.
El panel anuló parcialmente el fallo del juez Matthew Kacsmaryk del Distrito Norte de Texas, quien la semana pasada declaró que la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA en 2000 no era válida, y en esencia dijo que el medicamento debería retirarse del mercado.
Sin embargo, el panel de apelaciones dijo que estaba anulando una serie de pasos que la FDA tomó en los últimos años para facilitar el acceso al medicamento, incluido permitir que se envíe por correo y sea recetado por proveedores de atención médica que no son médicos.
El panel de tres jueces del Quinto Circuito está conformado por dos jueces designados por el expresidente Donald Trump y uno por el exmandatario George W. Bush, ambos republicanos.
La jueza Catharina Haynes, designada por Bush, discrepó en parte y dijo que habría bloqueado temporalmente la orden de Kacsmaryk por completo.
La suspensión de emergencia está destinada a permanecer vigente hasta que el Quinto Circuito pueda escuchar la apelación de la orden de Kacsmaryk por parte de la Administración Biden de manera más completa. Esa apelación puede ser escuchada por un panel diferente.Hora de publicación: 11:07 hrs.
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