Chile.- La reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas a la semana comenzará a volverse realidad en Chile.
El presidente Gabriel Boric promulgó el viernes la ley que reduce la jornada laboral, una de sus promesas de campaña, y aunque su implementación se realizará de forma gradual en un periodo máximo de cinco años, el gobierno ha invitado a las empresas a adelantar su puesta en marcha.
Por ahora, las autoridades dicen que unas 500 empresas —pequeñas y grandes y de distintos rubros— ya han adoptado la jornada de forma piloto. A esas compañías, el gobierno le ha otorgado el llamado “sello 40 horas”. Chile tiene más de 1,2 millones de empresas, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas.
El gobierno también ha invitado a que las empresas adopten la modalidad de cuatro días de trabajo y tres de descanso, y señaló que dará apoyo y acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que lo hagan, por ejemplo, en materia fiscal y capacitación sobre gestión eficiente del tiempo.
La ley, que beneficiará directamente a 4,7 millones de personas adscritas al Código del Trabajo, se aplicará en forma flexible según las diversas actividades productivas y establece su total vigencia en plazos máximos de tres etapas: el primer año la jornada se reducirá de 45 a 44 horas por semana, el tercer año a 42 y el quinto a 40 horas semanales.
La reducción de la jornada no lleva aparejado un recorte en el de los trabajadores y, según la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, responde a una“responsabilidad económica que nos permita cuidar el empleo”. La funcionaria calificó la norma de un “avance civilizatorio” y la jornada de “día histórico”.
La ley autoriza a padres y cuidadores de menores de 12 años anticipar o retrasar en hasta dos horas el ingreso o salida de sus trabajos sin que las remuneraciones se vean afectadas.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, presente en la sesión señaló que se encontraba “muy satisfecho” ante la promulgación. Es un “hecho histórico en el país” y, añadió, un paso tremendamente importante para “el bienestar de todos los chilenos, del país y para mejorar la cohesión social que tanta falta nos hace”.
Mewes añadió que “vamos a recoger el llamado de ojalá apurar” el proceso de implementación de la medida, aunque habrá sectores laborales dónde será más complejo hacerlo y habrá que apoyarlos.
Esta es la segunda vez que Chile reduce su jornada laboral semanal. En 2005 ya se había disminuido de 48 a 45 horas semanales.
“Este es un proyecto pro familia. Me preguntaba cuántos cuentos más se van a contar en las noches en Chile a los niños y niñas,” dijo Boric, en referencia a que padres, madres y cuidadores tendrán la posibilidad de estar más tiempo en sus casas.
Estamos dando un paso tremendamente importante hacia mayor bienestar y calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y sus trabajadoras y sus familias”, añadió durante el acto de promulgación y recordó que cuando se presentó la iniciativa hubo quien dijo que “esto no era posible en Chile”.
El gobierno de Boric reactivó el año pasado esta iniciativa que había sido presentada al Congreso en 2017 por diputadas comunistas, entre ellas la actual vocera del gobierno, Camila Vallejo y la diputada Karol Cariola. La ley tardó más de seis años en aprobarse y después de unas 200 sesiones de mesas técnicas entre trabajadores y empleadores de grandes, medianas y pequeñas empresas y el gobierno.
Chile se sitúa así a la vanguardia de la región en esta materia -junto a Ecuador que ya goza de una semana laboral de 40 horas-, en una región marcada por extensas jornadas laborales que llega en algunos casos de hasta 48 horas semanales.
Boric agradeció tanto a Vallejo “una entusiasta” del proyecto que “contagiaba”su convicción a los demás en el Congreso, como a la ministra Jara, gran impulsora de la iniciativa su trabajo para sacarla adelante en el último año.
“Si uno tiene una convicción de llegar a puerto no me cabe duda de que vamos a llegar”, dijo el mandatario, en momentos que se registra un intenso debate entre el gobierno y la oposición en materia de seguridad, tras la aprobación de una propuesta sobre legítima defensa y el uso de armas por parte de la policía.
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