Ciudad de México.- Las agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 82 por ciento de 2021 a 2022 y con 197 ataques registrados, el pasado es el año más violento para ambientalistas en los últimos nueve, según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En conferencia de prensa, el Cemda informó que 2022, el último año del que tienen datos, hubo 24 agresiones letales o fallecimientos de activistas.
La violencia ejercida, según víctimas, compañeros de lucha o familiares, es perpetrada por el crimen organizado, empresarios, militares, operadores políticos del Gobierno o funcionarios.
De acuerdo con el “Informe sobre la situación de las persona y comunidades defensoras de los derechos humanos en México 2022”, desde 2020 la violencia ha tenido un aumento notable y va en ascenso año con año.
En 2018 hubo 49 agresiones y 21 asesinatos contra ambientalistas y en 2019, 39 ataques y 15 agresiones letales.
Para 2020 las cifras fueron de 65 agresiones y 18 asesinatos; en 2021, 108 y 25 y en 2022, 197 y 24.
“El 2022 es el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en la que se hizo nuestro primer informe sobre la situación de los defensores ambientales. Es el tercer año más letal para los que se hacen este tipo de actividad, actividad que cada vez se vuelve más peligrosa”, afirmó Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda.
En el actual sexenio, con Morena en el poder, han sido asesinados 82 defensores ambientales, dijo.
“Es algo completamente inaceptable, es algo completamente insostenible”.
Las entidades con mayor número de muertes de activistas son Guerrero, con 7; Chihuahua, Oaxaca y Puebla con 3 cada una; Morelos, Jalisco y Michoacán con 2 cada una, y Tamaulipas e Hidalgo con una cada una; de los que 22 casos son contra hombres y 2 contra mujeres.
Y de estados con más agresiones son Oaxaca con 34; Ciudad de México con 27; Chihuahua con 21; Jalisco con 20; Chiapas con 19; Guerrero con 17; Quintana Roo con 11 y Michoacán con 8.
El director ejecutivo de Cemda acusó que todo esto se ha cometido con total impunidad, pues no hay responsables llevados ante la justicia.
“No hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentenciado, no hay nadie en la cárcel. Necesitamos que el Estado mexicano deje de ser omiso y haga su trabajo como le corresponde”.
Alanís pidió además que México acate el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril de 2021 y que ha incumplido con garantizar un ambiente seguro para los defensores del ambiente.
Gobierno federal, el principal agresor
Integrantes del Cemda resaltaron que del total de agresiones reportadas en el informe, el 46 por ciento se atribuyen al Gobierno, 21 por ciento a personas no identificadas y 13 por ciento al crimen organizado.
Un 7 por ciento se adjudican a paramilitares; 6 por ciento a personas de la misma comunidad; 6 por ciento a caciques y 2 por ciento a la iniciativa privada.
El principal agresor identificado fue el Gobierno federal, al que se atribuyen 18 ataques; Gobierno y empresa tiene 15; Gobierno estatal 15; Gobierno municipal 13; Gobierno y delincuencia organizada 10; Fiscalía y Gobierno estatal 6; Fiscalía 5; Gobierno estatal y municipal 2; y el Gobierno y Guardia Nacional 2.
Entre las agresiones más frecuentes está la intimidación con 25 por ciento de los casos; hostigamiento con 20 por ciento; amenazas, 11 por ciento; agresiones físicas, 10.5, y homicidios 4.1 por ciento.
También se ha atentado contra el patrimonio de los activistas o se les ha desalojado de éste; y se les ha detenido, secuestrado, torturado o desaparecido.
El 56 por ciento de las agresiones son contra pueblos indígenas o comunidades equiparables; 31.5 contra integrantes de organizaciones, 3.6 contra integrantes de la academia; 3 por ciento contra ejidatarias, 2.5 contra periodistas, 2.5 contra defensores independientes y 2 por ciento contra abogados.
De las áreas que han registrado más ataques están: minería, biodiversidad, forestal, vías de comunicación, hídrico, energía eléctrica, desarrollo urbano, e industrial.
No obstante, las áreas de biodiversidad y forestal concentran el mayor número de asesinatos con 10 y 6, respectivamente.
En la presentación del informe, ambientalistas acusaron que megaproyectos del Gobierno federal como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se han impuesto “con sangre”, con el atropello de derechos humanos, la devastación del medio ambiente y un incesante incremento de violencia.
JFF