Guanajuato – La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, 25 denuncias entre 2014 y 2019, que a la postre no procedieron. No obstante, la ASEG no tiene facultades para apelar esa decisión.

Así lo denunció la diputada Alma Alcaraz Hernández, de Morena, en la tribuna del Congreso. Por lo que presentó una iniciativa para que la ASEG sí tenga facultades para impugnar las determinaciones de la Fiscalía Anticorrupción. 

“Es absurdo que la Auditoría Superior del Estado realice todo un proceso de revisión de los recursos públicos y que al denunciar la posible comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, las autoridades penales decidan desestimar las denuncias y proteger al funcionario corrupto”, dijo.

Sin que la Auditoría Superior pueda impugnar tales resoluciones ante los tribunales por incompetencia”, reclamó. 

Dio a conocer que la ASEG en su informe de labores 2022 reportó que había 25 carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, pero ésta determinó que en ningún caso había hechos de corrupción y que todo estaba perfectamente bien. 

“Es decir, se cometieron, la Auditoría Superior del Estado los detectó y cuando llegan a la Fiscalía Anticorrupción ésta dice: no, no son actos de corrupción objeto de delito, no son constitutivos de delito.

La diputada Alma Alcaraz de Morena.

“Y cuando se le preguntó a la Auditoría por qué tú no hiciste nada? porque no tengo las facultades. La Auditoría Superior de la Federación sí tiene las facultades, pero la Auditoría Superior del Estado no tiene las facultades. ¿Entonces de qué se trata?

Alma Alcaraz mencionó dos ejemplos:

En 2018, en una auditoría realizada al  Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra pagaron 444 mil pesos a un supuesto proveedor llamado Gerardo González Palmerín, sin que existiera ni un solo contrato o evidencia de que realizó las labores.

“Este contrato nunca existió, nunca se firmó. Y cuando se hacen las investigaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, ningún funcionario pudo acreditar que se habían ejecutado o que se habían adquirido algunos bienes. 

“Es decir, un robo abierto, sin mayores tapujos. Y cuando llega a la Fiscalía, ésta dice: no hay delito qué perseguir. ¿Ustedes podrían creer algo así? con las pruebas que aportó la Auditoría Superior, la Fiscalía se atrevió a decir que no había delito qué perseguir”, cuestionó. 

Otro ejemplo fue que en la Cuenta Pública de 2017, se detectó que la Secretaría de Turismo del Estado contrató a una empresa extranjera para hacer una campaña de promoción del Estado por ocho millones de pesos, sin que se haya  encontrado evidencia alguna de dicha campaña.

Además “tuvieron el descaro” de pegar en una revista un anuncio para decir que era esa la evidencia. A pesar de lo cual la Fiscalía Anticorrupción determinó que no había delito qué perseguir.

AM solicitó la postura a la Fiscalía General del Estado sobre este asunto pero hasta las 7:20 de la noche del jueves no hubo respuesta.

Diputada Hades Aguilar, ‘estalla’ contra Zamarripa y Cabeza de Vaca ante ola de asesinatos

Luego de la masacre en Cortazar el 16 de abril, la diputada de Morena Hades Aguilar Castillo cuestionó duramente la permanencia y falta de resultados de Carlos Zamarripa y de Alvar Cabeza de Vaca en la tribuna del Congreso.

“Yo le digo al gobierno panista: ¿hasta cuándo van a seguir mintiéndole a la gente?, ¿hasta cuándo el gobierno panista, su Fiscal, el Secretario de Seguridad van a seguir mintiéndole al pueblo?, ¿o qué dicen: daños colaterales?, ¿cuándo?, ¿quién les puede decir?, porque por lo visto no escuchan”, entre otras cosas.

Abogados piden el cese de Alvar y Zamarripa por altos niveles de violencia

Abogados independientes de Guanajuato aseguran que es hora de que se vayan el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca.

El motivo que expusieron fue la evolución exponencial de los delitos, en particular los asesinatos.

Representantes de ese grupo hicieron un llamado a otros grupos sociales, no solo litigantes sino de la sociedad civil, a sumarse a su petición, manifestándose de manera virtual por los niveles de violencia alcanzados en los últimos años, como que desde 2019 el estado encabeza las cifras de homicidios a nivel nacional y ambos funcionarios siguen en sus cargos.

PCCD

 

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