Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República no sólo pidió que Blanca Estela Bernal Castilla, exfiscal de la extinta SEIDO, repare el daño a los deudos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también a siete presuntos sicarios y traficantes de droga del grupo criminal Guerreros Unidos.
En su escrito de acusación, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicita al tribunal de enjuiciamiento que, en caso de dictarle una sentencia condenatoria, le imponga la obligación de pagar los daños que habría ocasionado por torturas a los presuntos delincuentes.
Sin embargo, no precisa el monto de la compensación y refiere que la cantidad deberá ser fijada por otra instancia judicial, en un recurso o incidente previsto en las normas procesales vigentes, una vez que sea dictada la sentencia condenatoria.
Esta Fiscalía solicita a su señoría que queden salvaguardados los derechos de las víctimas a fin de que dicha cuantificación pueda realizarse en ejecución de sentencia a través de la vía incidental”, señala la acusación.
Quienes son considerados víctimas, por la FGR, y serían destinatarios de la indemnización, son Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Darío Morales Sánchez “El Comisario”, Jonathan Osorio Cortés, Patricio Reyes Landa “El Pato” y Agustín García Reyes “El Chereje”.
La FGR sostiene que dichos sujetos fueron torturados, antes de ser puestos a disposición de la FGR, además de que sus testimonios habrían sido inducidos para construir una “verdad histórica” que desvió la investigación y frustró la búsqueda de los 43.
“La tortura fue utilizada como medio para la obtención de declaraciones auto incriminatorias, para que los detenidos ajustaran su versión de los hechos a lo que se conocería como la ‘verdad histórica’. Blanca Alicia Bernal conoció que personas puestas a su disposición, que se encontraban bajo su responsabilidad y que correspondían a su investigación, eran torturadas”, dice el documento.
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FRG