Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia avaló hoy todas las facultades de la Guardia Nacional (GN) en materia migratoria, incluida la revisión de documentos de extranjeros en cualquier parte del territorio nacional, su detención y presentación en caso de irregularidades, así como el resguardo y vigilancia de las estaciones migratorias.
En contraste, por nueve votos contra dos, el Pleno invalidó la atribución de la GN para realizar operaciones encubiertas o de usuarios simulados para prevenir delitos.
El Pleno de la Corte revisó diez porciones de la versión original de la Ley de la GN expedida en 2019, e impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero sólo en operaciones encubiertas alcanzó los ocho votos para invalidar.
Temas donde no hubo los votos necesarios para anular incluyeron la facultad de la GN para solicitar la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, la de pedir la intervención de comunicaciones privadas y la de “verificación” para prevenir infracciones administrativas.
En tanto, por diez contra uno, fue aprobada la facultad de la GN para “realizar investigaciones para la prevención del delito”, que el ex ombudsman Luis Raúl González Pérez cuestionó por considerar que se invaden atribuciones del Ministerio Público.
En materia migratoria, ocho Ministros acordaron realizar una interpretación conforme para aclarar que la GN solo puede actuar en auxilio y bajo el mando del Instituto Nacional de Migración (INM) en operativos para revisar documentos y presentar a extranjeros en situación irregular, ya que la ley menciona que ambas instancias actuaran en “coordinación”.
Por unanimidad, también se declaró constitucional la facultad de la GN para resguardar las estaciones migratorias, pues la ley no la establece de forma permanente, sino sólo a petición del INM.
El Ministro Arturo Zaldívar recordó que la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas era vigilada por una empresa de seguridad privada, mientras que Yasmín Esquivel consideró que nadie está mejor adiestrado que la GN para mantener el orden en dichas instalaciones y proteger a los migrantes.
Javier Laynez había propuesto invalidar esta atribución, pues los migrantes no son delincuentes ni las estaciones migratorias cárceles, pero ante la oposición de todos sus colegas, optó por cambiar el proyecto para avalar la norma.
“Tal como está redactada, la ley permite que la Guardia Nacional, sin autorización ni control judicial y para la prevención de cualquier delito, haga uso operaciones encubiertas y usuarios simulados, con todo lo que ella implica, lo que permite la existencia de un gran riesgo de actuaciones arbitrarias”, afirma el proyecto de Laynez en el único punto que alcanzó los ocho votos.
Varios Ministros enfatizaron que los supuestos, modalidades y otros detalles de este tipo de operaciones tienen que estar previstos a nivel de ley, amén que la infiltración a organizaciones criminales no es una medida de prevención del delito, sino de investigación de delitos ya cometidos.
En geolocalización de dispositivos y actos de “verificación” para prevenir infracciones, la votación por invalidar fue de siete contra cuatro, con lo que los argumentos de la CNDH fueron desestimados sin un pronunciamiento de la Corte.
Para salvar estas normas, Margarita Ríos Farjat, en el primer caso, y Alberto Pérez Dayán, en el segundo, se sumaron el bloque de Zaldívar, Esquivel y Loretta Ortiz, que fue casi monolítico en su rechazo a invalidar cualquier aspecto de la ley, salvo las operaciones encubiertas, que solo apoyaron Esquivel y Jorge Pardo.
La solicitud de la GN a un juez para intervenir comunicaciones privadas, en tanto, fue avalada por seis votos contra cinco, con Laynez explicando que es válida porque la ley delimita con claridad los veinte delitos en los que puede realizarse y la forma de interacción entre la GN y el Ministerio Público.
La Corte terminará mañana de votar este asunto, del que solo faltan los requisitos de ingreso y régimen disciplinario de la GN, corporación cuya transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional fue anulada la semana pasada.
Cómo votaron en 10 temas revisados:
Norma Piña: 8 por invalidar*, 2 por avalar
Juan Luis González Alcántara: 6 por invalidar*, 4 por avalar
Alfredo Gutiérrez: 5 por invalidar, 5 por invalidar
Luis María Aguilar: 4 por invalidar, 6 por avalar
Alberto Pérez Dayan: 4 por invalidar*, 6 por avalar
Javier Laynez: 3 por invalidar, 7 por avalar
Jorge Pardo: 2 por invalidar, 8 por avalar
Margarita Ríos Farjat: 2 por invalidar, 8 por avalar
Arturo Zaldívar: 1 por invalidar, 9 por avalar
Loretta Ortiz: 1 por invalidar, 9 por avalar
Yasmín Esquivel: 10 por avalar
*Incluye voto por invalidez parcial en el tema facultades genéricas para investigar delitos.
Pide Piña Guardia Nacional para resguardar Corte
Luego que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con la Corte por anular el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló por la mañana que la presidenta del Máximo Tribunal, Norma Piña, pidió el apoyo de esa corporación.
Durante la mañanera en sustitución del mandatario López Obrador, el titular de Segob indicó que la relación con la Corte y el Poder Judicial es institucional.
De manera institucional será la relación, ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días y en las últimas horas respecto a una marcha que estaría dirigida hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”, dijo López Hernández.
El funcionario responsable de la política interna del País, dijo que entre los tres Poderes de la Unión debe haber una relación institucional.
“Y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición, entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó. “Bueno, tiene que haber, como debe existir entre los tres Poderes de la Unión, una relación de carácter institucional”.
El viernes pasado, AMLO rompió con la Corte.
“Ni el teléfono le contesten” a la presidenta de la Corte, ordenó López Obrador a su gabinete.
Esto lo anunció el Jefe del Ejecutivo luego de revelar que la ministra Norma Piña quiso negociar fechas para cumplir con el traslado de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Además, llamó al Máximo Tribunal del País “élite corrupta” y a sus Ministros “politiqueros ramplones” por querer hacer enjuagues con la Guardia Nacional.
“No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente”, dijo.
JFF
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