Sin justicia y sin protección
En Guanajuato buscar a sus desaparecidos puede ser una sentencia de muerte.
La señora Tere Magueyal fue asesinada el 2 de mayo por hombres armados cuando circulaba en bicicleta por San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya.
Ella pertenecía al colectivo “Una promesa por cumplir”, buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, de 31 años, desaparecido en Celaya el 6 de abril de 2020.
No hay detenidos y ninguna información de la Fiscalía relacionada con el ataque.
Como una declaración más en la mañanera, el presidente López Obrador salió a decir el jueves que había un detenido relacionado con el asesinato. Pero aquí, asegura el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo, nadie sabe nada.
“Su asesinato se relaciona con la búsqueda de su hijo y su labor como defensora de los derechos humanos”, advirtieron desde el primer día 13 colectivos locales de familiares de desaparecidos y seis organizaciones que los acompañan.
“No queremos normalizar esta situación de inseguridad en el contexto de búsqueda. No queremos seguir sumando nombres de amigas, compañeros, familiares a esta lista infame. Recordamos a las autoridades y a la sociedad que las familias que buscan a sus seres queridos realizan una labor digna y fundamental frente a un Estado que cuando no es omiso, es insuficiente”.
A la exigencia de esclarecer el caso y proteger a las madres buscadoras, hubo pronunciamientos de defensores de derechos humanos de México y el mundo, algunos: la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, Amnistía Internacional, Front Line Defenders, y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
En los últimos años en Guanajuato se ha registrado el asesinato de buscadores como: Rosario Zavala (2020) y su hijo Ulises (2022), en León; de Francisco Javier Barajas (2021), en Salvatierra; y de María Carmela (2022), en Abasolo.
Solamente en el caso de Javier Barajas, quien además era funcionario de la Comisión Estatal de Búsqueda, hubo noticias de detenidos y vinculados.
La violencia que envuelve al estado de Guanajuato desde hace rato, y que tiene como uno de sus rostros más tristes el de la desaparición de cientos de personas, ha obligado a las familias a organizarse en colectivos que ya suman una veintena en los municipios del Corredor Industrial, pero también la zona sur y norte.
De acuerdo a la cuenta de “Desaparecidos Guanajuato” al 26 de abril del 2023 siguen buscando a 3,666 personas; además las autoridades de Guanajuato resguardan: 1,186 cuerpos en panteón forense, 77 en semefos y 825 en fosas comunes, en total son 2,088 cuerpos identificados, no identificados y/o sin reclamar.
“Tenemos que buscar mejorar los protocolos de protección a las buscadoras”, dijo el Gobernador luego de ofrecer sus condolencias a la familia y asegurar que la Fiscalía tiene avances que espera que pronto se den a conocer. Lo cual a la fecha no ha pasado.
Ahí está una tarea para Chucho Oviedo, quien ha demostrado su escaso conocimiento e interés en la seguridad pero que ahora tiene que encabezar el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y encabezar los esfuerzos de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Todo esto requiere una buena dosis de colaboración y hasta exigencia con el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal Carlos Zamarripa. En estas tareas, Chucho Oviedo conoce o le gusta participar muy poco.
Todo esto mientras se discute una reforma a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato que está por verse si no es una simulación más de los diputados locales.
Basureros en llamas
El incendio del tiradero de basura a cielo abierto en Guanajuato y las consecuencias para la población que durante días ha respirado el veneno, sólo prueba las prioridades de los gobiernos para invertir los recursos que son de todos.
Hoy dicen el Gobierno Municipal y el Estatal que están trabajando mucho para sofocar el incendio, pero esa es su obligación. La pregunta es una muy clara: ¿Por qué en la capital y en otros municipios siguen hoy funcionando tiraderos a cielo abierto? ¿Hasta cuándo?
Vía Transparencia AM solicitó desde antes de esta tragedia ambiental la información, y respondió que de las más de 3,800 toneladas generadas al día de residuos sólidos urbanos en el estado de Guanajuato el 89.4% se disponen en rellenos sanitarios y sitios controlados, y el 10.6% restante en sitios no controlados.
Esta clasificación significa que es un sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos establecidos.
Ese 10.6% de la basura se dispone en 15 sitios sin control, uno de ellos como ya lo vimos, el de Guanajuato capital, además de Apaseo el Alto, Atarjea, Cd. Manuel Doblado, Doctor Mora, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Comonfort, Ocampo, Purísima del Rincón, San José Iturbide, Santiago Maravatío, Tierra Blanca, Villagrán y Xichú.
En Guanajuato rellenos sanitarios sólo hay 10, y otros 19 son sitios controlados.
En 2020 en el tiradero de Guanajuato capital ya había reportado dos incendios.
El Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado compromete la construcción de cuatro centros regionales para la gestión integral de residuos.
La Secretaría de Medio Ambiente respondió por Transparencia el avance de los proyectos, y esta fue la respuesta: Se informa que las fases de avance que presentan hasta el momento son: 2 (dos) proyectos ejecutivos concluidos, 1 (un) proyecto ejecutivo en proceso de elaboración para su conclusión a mediados del año 2023 y 1 (un) centro se encuentra a nivel de análisis preliminar.
El alcalde Alejandro Navarro y la secretaria de Medio Ambiente, Marisa Ortiz, con cinco años en sus respectivos encargos, ya van tarde para atender esta crisis.
¿Quién pagó el Estadio?
Dos años después resulta que la compra que anunció el Grupo Pachuca del Estadio León tuvo de padrino nada menos que al Estado. Roberto Zermeño y Héctor González recibieron el chequesote de la cuenta de Grupo Pachuca luego de que el Gobierno de Guanajuato se los depositó como un préstamo preferencial de 230 millones.
Del apoyo recuperable -como le llamó el Estado en su convenio de julio del 2021- ya le reveló AM los detalles y, como era de esperarse, se desató la polémica y un sano debate entre quienes justifican el crédito para salvar el estadio y hasta al equipo, dicen, y los que consideran se trata de un manejo discrecional del recurso público.
De la legalidad del proceso tendrán que dar cuenta las auditorías que para eso están (aunque la oposición no tiene para nada confianza en la Auditoría Superior del Estado que comanda Javier Pérez Salazar y menos en la Secretaría de Transparencia del Estado que estrena como titular a Arturo Godínez Serrano).
La aguerrida diputada morenista pone sobre la mesa otra arista del asunto: la “inmoralidad” de dicho apoyo, declaró. A la oposición le cayó “como anillo al dedo”.
El gobernador Diego Sinhue dio una explicación a medias que confundió más de lo que aclaró, al involucrar a Fondos Guanajuato y los apoyos durante la pandemia. Y las aspirantes Libia García y Ale Gutiérrez, pintaron su raya evitando una postura.
La defensa estuvo a cargo de diputados como Víctor Zanella o Miguel Ángel Salim quienes defendieron la importancia del equipo para la ciudad, que sí está en la cuenta pública, que todo está en el marco de la legalidad. Y así lo que se esperaba.
Lo cierto es que en julio 2021 el Gobierno de Guanajuato tuvo la oportunidad de salir y explicar las razones del apoyo (ya usted dirá si son válidas y no), pero decidió que pasara inadvertido, inexplicable cuando se trata de 230 millones del erario.
El mismo día del crédito para comprar el Estadio León el Estado autorizó también la prórroga para pagar y construir el nuevo estadio al año 2030 en los terrenos que la administración de Miguel Márquez Márquez le vendió a Grupo Pachuca en 2018.
Este tema estará, sin duda, en la agenda de las campañas para el 2024. Atentos.
Lorena con Libia
viernes en la sede del PAN Irapuato.
Los espaldarazos y las preferencias por quienes se apuntan a contender por la gubernatura de Guanajuato en el 2024, siguen manifestándose.
Uno de los respaldos quizá más esperados se ventiló el viernes, cuando la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, quien se había dicho interesada en contender por la candidatura al Ejecutivo estatal en el 2024, se pronunció a favor de una de las aspirantes más fuertes, Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Lorena era una de las cuatro mujeres panistas que durante mucho tiempo sonó como aspirante a la candidatura para ser gobernadora.
Ya se veía venir desde hace tiempo que sus planes habían cambiado de dirección, con una lejanía constante de los reflectores, su reserva a opinar de varios temas y su elección de manejar su agenda de forma privada, incluso en eventos de su administración.
El viernes, con el pretexto de una conferencia sobre los programas de gobierno, alrededor de 300 panistas se reunieron para escuchar a la secretaria de Desarrollo Social y Humano, García Muñoz Ledo.
En el lugar hubo muchas caras conocidas; el exalcalde Ricardo Ortiz, quien por momentos se notaba visiblemente incómodo, diputados locales como Víctor Zanella y Susana Bermúdez, hasta la legisladora federal, Itzel Balderas.
También se apreciaba entre los asistentes a Juan Manuel Albo Moreno, presidente del Club Deportivo Irapuato A.C.
Libia fue apapachada por las porras, aplausos y gritos de apoyo de centenares de simpatizantes y militantes de Acción Nacional.
“Libia gobernadora”, resonó constantemente durante el evento.
Ante los asistentes, Lorena finalmente le dijo a Libia que cuenta con ella y que espera que pueda llevar a los guanajuatenses a un desarrollo social que permita tener una vida mejor.
Fue un evento en grande, con movilización, líderes panistas de campo, hasta con cierres viales en la calle donde se localiza el comité.
Se perfila un encontronazo Libia y Alejandra Gutiérrez, la alcaldesa de León, que aquí y allá, recio y quedito, repite que no se baja y va tope donde tope. Órale.
Abusos policiales
Un nuevo abuso policial por parte de elementos de Celaya provocó que el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez se comprometa a que no se tolerarán más este tipo de actos.
La Policía Municipal de Celaya se vio envuelta en un nuevo escándalo luego de que el reportero Ángel Galindo acusara ser víctima de abuso y tortura por parte de agentes de seguridad que fueron separados de sus cargos operativos mientras se realizan las investigaciones.
En medio de la negativa por parte del Alcalde celayense en dar entrevistas, los medios de comunicación insistieron en conseguir su postura ante estos hechos, por lo que a Javier Mendoza no le quedó de otra que comprometerse en que se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el rigor de la ley.
Estos hechos se dan mientras se realiza una reestructura de cambios de mandos operativos en la Policía Municipal, empezando por la salida de Luis Enrique Chabolla que fue sustituido por Carlos Miguel Reyes Ortega.
La crisis de inseguridad que ha vivido Celaya en la última década ha provocado que la Policía haya tenido 10 diferentes directores en la corporación, sin embargo, Luis Enrique Chabolla permaneció tres años y cuatro meses en el cargo; es el director que más tiempo ha durado en este puesto en más de dos décadas.
El desgaste laboral, problemas de salud y aparentemente una mejor oferta laboral orillaron al ex director a dejar su encomienda tras cuatro semanas de rumores.
Erradicar las constantes acusaciones de abusos policiacos, disminuir los delitos del fuero común y mejorar las estrategias de seguridad para que los propios agentes no sean víctimas de ataques, son parte de los retos que tiene el nuevo director.
A la par, el secretario de seguridad, Jesús Rivera Peralta sigue buscando la manera de reducir el déficit de policías municipales que tiene Celaya con la contratación de más policías exfederales, pero principalmente incrementando el reclutamiento de cadetes del Instituto de Formación Policial (Infopol).