El gobierno municipal de Atotonilco de Tula encabezado por el alcalde Jaime Ramirez Tovar suma 11 investigaciones en su contra relacionadas con actos de corrupción.
Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer el número de indagatorias y señaló que se actúa sin filias ni fobias.
“La instrucción del gobernador (Julio Menchaca) es que no importa quién sea, ni es un tema de persecución política a otros grupos políticos, ni es que pertenezcan a X o Y partido político”, refirió.
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PROTECCIÓN A DENUNCIANTES
Indicó que si se encuentran elementos en las 11 carpetas que tienen abiertas, se procederá conforme a la ley contra quien resulte responsable.
En reciente reunión con habitantes de Atotonilco de Tula, algunos participantes expresaron su inconformidad contra el alcalde, e indicaron que interpusieron denuncias por actos de corrupción, nepotismo y temas de seguridad pública.
Nieto Castillo aseguró que la PGJEH generará medidas de protección contra las personas que denunciaron en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
204 DENUNCIAS EN CUATRO MESES
El encargado de despacho de la procuraduría dio a conocer que durante 2022 registraron en Atotonilco de Tula un total de 657 conductas delictivas que fueron denunciadas.
Principalmente en temas de violencia familiar, robo de vehículos, amenazas, lesiones dolosas, daño a la propiedad, homicidio doloso, narcomenudeo y trata de personas.
Mientras que de enero a abril de este año, sumaron 204 denuncias; y en la región, hasta mayo se han judicializado 46 carpetas de investigación en Tula, 11 en Tepeji, y 16 Tlaxcoapan.
ALCALDE PROTEGE A YERNO
La ciudadana Luisa Rodríguez expuso públicamente que el 16 de enero, Óscar Doniz Estrada, quien dijo, es yerno del alcalde Jaime Ramírez hirió con tres impactos de arma de fuego a su esposo.
Sin embargo, señaló que hasta el 19 de mayo no tenían ningún avance en la investigación contra el agresor, incluso agregó, el alcalde fue a su casa a platicar con ellos para detener la denuncia.
La reunión pública se realizó cinco días después del ataque armado en ese municipio que dejó seis muertos y dos heridos.
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