Ciudad de México.- Los representantes de 94 organizaciones de la sociedad civil presentaron este lunes dos documentos conocidos como “amicus curiae” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde demandan que se invalide la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, pues considera que tiene los mismos vicios legales que la primera parte ya invalidada.
En conferencia, representantes de algunas de estas organizaciones explicaron que uno de los documentos tiene que ver con la suspensión de todos los efectos de la reforma determinada el 26 de marzo por el ninistro Javier Láynez, y demandan se mantenga la actual suspensión.
En otro documento, entran al fondo del asunto y dan sus razones y argumentos jurídicos para apoyar que el llamado Plan B electoral se declare inconstitucional, pues consideran que se violan diversos derechos constitucionales, no solo político electorales, sino incluso aquellos vinculados al derecho a la información y a la educación.
Estamos ante un Gobierno autoritario pero en un régimen democrático”, sintetizó Ricardo Becerra, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), y uno de los promotores de estos recursos.
Becerra dijo que, a pesar de diferentes intentos por debilitar las instituciones, principalmente los órganos autónomos, éstas se han mantenido y han ocasionado que la sociedad civil se manifieste en su defensa.
Además de Becerra participaron en la conferencia Luis Fernández, director Ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia, quien habló del recurso a propósito de la suspensión de la reforma; Javier Martín Reyes, quien junto con Pedro Salazar -que no estuvo en el presidium-, fue el abogado de elaborar el documento que entra al fondo del asunto, así como Mariana Calderón, encargada de la articulación de las organizaciones ciudadanas.
Los abogados explicaron en la conferencia que con los documentos presentados esta mañana a las 9:59 horas ante la Suprema Corte, tienen como propósito sumar argumentos a los que ya han presentado partidos políticos y otros actores como el INE, y ampliar la información en poder de los ministros para que puedan decidir sobre lo que consideran inconstitucionalidad de la reforma.
Estamos pidiendo que la declaren inconstitucional en congruencia con sus propios precedentes, aseguraron.
Sobre el tiempo en el que esperan que la Corte decidan, Mariana Calderón dijo que aunque no hay plazo, consideran que deberá de ser antes de que inicie formalmente el proceso electoral, (con la ley vigente), que es la primera semana de junio.
Incluso la representante ciudadana dejó ver que a principios de junio podrían elaborar otro documento adicional.
Interrogados sobre si participarían en la movilización que algunas organizaciones han convocado en defensa de la Suprema Corte y sus ministros, Becerra dijo que es algo que no han decidido, pero que seguramente tendrán que analizar.
Las agrupaciones que suscribieron los recursos son Une México, Causa en Común, Sí por México, México Unido, Signos Vitales, IETD, NosotrxsMX y Laboratorio para la Democracia, entre otras.
“No fuimos 100… solo 94, las organizaciones que hoy presentaremos dos alegatos jurídicos (amicus curiae) ante la @SCJN. Rechazamos la intimidación a las y los Ministros. Exigimos de los ministros, respeto a la Constitución. Ni más, ni menos”, sintetizó en su cuenta de twitter Becerra.
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