La semana pasada en el Congreso local, la diputada Hades Aguilar Castillo y el diputado David Martínez Mendizábal -ambos de Morena- acusaron públicamente irregularidades en el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el estado de Guanajuato (FIDESSEG). Los señalamientos de ambos diputados versaron principalmente sobre tres vertientes: la ilegalidad, el favoritismo y la opacidad en la administración e información del fideicomiso.
El FIDESSEG es el instrumento jurídico que planteó el Gobierno del Estado para dar cauce a la propuesta presentada por los organismos empresariales de León, en la elección para gobernador del año 2018, mediante la cual se solicitó a todos los contendientes se replicara en nuestro estado el modelo exitoso que los empresarios de Chihuahua habían iniciado hacía varios años y que consistía en incrementar el Impuesto Sobre Nóminas, para que ese excedente se canalizara a financiar obras sociales conjuntamente con la sociedad civil organizada. En aquel momento la propuesta fue aceptada por todos los candidatos, incluyendo el de Morena, Ricardo Sheffield, quien, por cierto, fue el primero en manifestarse a favor.
La diputada Aguilar dice que el FIDESSEG es ilegal, ya que no se cuenta con un estudio técnico que haya avalado su creación, sin embargo, en el documento que entregamos a los candidatos viene la justificación de esta propuesta, pero además, me parece ocioso, ya que no se necesita diagnóstico o análisis para entender y saber que en nuestro estado hay todavía muchos ciudadanos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, que, ante la insuficiencia e ineficacia de los programas gubernamentales, requieren ser atendidos a través de mecanismos en donde participe la sociedad civil organizada.
También señala la diputada Aguilar que muchas de las instituciones y asociaciones que se han beneficiado con recursos del FIDESSEG están relacionadas con el PAN a través de algunos de sus benefactores. Las reglas de operación del fideicomiso establecen que cualquier organización que presente un proyecto con beneficios sociales medibles puede ser sujeta de apoyo, de manera que una eventual cercanía con una ideología política no debe influir en el otorgamiento de apoyos, pero si se comprueba que mediante influyentismo alguna asociación se vio beneficiada sin haber acatado las reglas de operación, quien lo haya autorizado debe ser sancionado.
Morena debe entender que el altruismo no está ligado a los colores, David lo sabe bien, y que posturas como esa confirman las dudas sobre si este partido está dispuesto a trabajar con la sociedad o contra ella.
El diputado Martínez señaló que existe opacidad en el manejo del fideicomiso, que a ellos no se les ha proporcionado la información que han solicitado, y que además el Gobierno la ha reservado por tres años y que por eso piden la desaparición del FIDESSEG. En caso de que estos señalamientos sean ciertos, resulta reprobable, pues toda la información debe ser pública y auditable, y más si se involucran recursos de los guanajuatenses, y todavía más si esa información es solicitada por representantes populares, de manera que no hay razón alguna para ocultarla. En este punto los diputados de Morena tienen razón, y si se descubre alguna irregularidad, esta debe ser sancionada.
Ya solicitamos un espacio a los diputados para debatir sobre este tema, nos interesa mucho, pues son nuestras contribuciones las que están en juego, no podemos dejar que este modelo sea destruido por especulaciones políticas; las decenas de asociaciones de beneficencia como hospicios, orfanatorios, escuelas para niños con algún tipo de discapacidad, fundaciones, albergues para mujeres, asilos para adultos mayores, etc. no se lo merecen ni mucho menos nos lo perdonarían.
LALC