Tras más de dos meses que la CDHEH emitió una recomendación general a los 84 municipios de Hidalgo por carencias e irregularidades en centros de detención, más de la mitad no ha respondido.

De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), hasta el 22 de mayo sólo 37 ayuntamientos respondieron a la notificación.

Por lo que, a la fecha, 47 municipios hidalguenses no han dado respuesta a la recomendación con número RG-0002-23, que equivale a 55.9 por ciento del territorio estatal.

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ANALIZA OTRAS ACCIONES

Ante esa situación, Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la CDHEH, indicó que planean generar otro tipo de acciones para que los municipios sigan buscando la buena voluntad de capacitarse y de hacer lo correcto. 

Sin precisar cuáles son, mencionó que los 37 ayuntamientos que ya respondieron están buscando cambiar sus áreas de detención municipal.

“Pero hay otros que hay que seguir motivando para que, si no es con una recomendación, entonces sea un llamado directo de otra naturaleza”, comentó.

QUE INFORMEN LAS ACCIONES QUE HARÁN 

Calificó como alarmante el hecho que 47 municipios no hayan respondido a la recomendación general emitida el 31 de marzo de este año.

“La Comisión no es inquisidora, al contrario, buscamos que realmente se puedan llevar los puntos de diálogo y somos un puente de comunicación entre las instituciones y las personas”, refirió.

Confió en que próximamente los municipios faltantes, más que contestar, den claridad de qué es lo que van a hacer y qué acciones emprenderán para modificar sus áreas de detención municipal.

IRREGULARIDADES DETECTADAS

Luego de presentar el Diagnóstico de Centros de Detención Municipales 2022 a finales de marzo de este año, la CDHEH emitió la recomendación general a todos los ayuntamientos para que atendieran las carencias detectadas.

El diagnóstico detectó necesidades e irregularidades en las áreas de detención municipal, antes galeras o barandillas, las más comunes son falta o mal estado de infraestructura.

Así como, corrupción, falta de higiene, maltrato y violencia hacia las personas detenidas, espacios indignos, falta de personal médico certificado, y carencia de separación de población por género.

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