Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló por completo el denominado “plan B” electoral del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un conjunto de reformas que buscaban limitar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo encargado de la organización de elecciones en México.
La máxima instancia judicial, mediante una mayoría de votos, determinó este jueves que el Congreso llevó a cabo las reformas de manera indebida, con violaciones al debido proceso legislativo.
Entre las irregularidades señaladas se encuentra la aprobación apresurada de modificaciones a cientos de normas que los legisladores ni siquiera tuvieron tiempo de conocer.
Estas reformas fueron respaldadas por la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El “plan B” se promulgó en dos partes y ambas fueron impugnadas por partidos de oposición mediante acciones de inconstitucionalidad.
El pasado 8 de mayo, el Tribunal Supremo ya había invalidado la primera parte. Con la resolución emitida este jueves, se cierra el ciclo, permitiendo al INE continuar con sus recursos, infraestructura y facultades para las elecciones presidenciales y legislativas de 2024.
Ponen fin a uno de los episodios más polémicos del sexenio de AMLO
La anulación total del “plan B” representa el fin de uno de los episodios más polémicos en el sexenio de López Obrador. La reforma al sistema electoral ha sido uno de los principales proyectos políticos del presidente.
Inicialmente, López Obrador buscó una reforma constitucional de gran alcance que incluía la destitución de todos los miembros del INE y del Tribunal Electoral, además de establecer la elección de legisladores mediante listas estatales.
Este era el “plan A”, el cual no prosperó debido a que el oficialismo no logró obtener las mayorías calificadas necesarias en el Congreso para reformar la Constitución.
Esto condujo a la implementación del “plan B”, que consistía en una serie de reformas a leyes secundarias, las cuales requerían el voto de una mayoría simple, algo que Morena y sus aliados poseían en ambas Cámaras.
El oficialismo utilizó su mayoría legislativa para aprobar las iniciativas enviadas por López Obrador sin someterlas a debate con la oposición.
Fue el primer paso de dos
La primera parte del “plan B” modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estos cambios pretendían otorgar mayor libertad a los funcionarios públicos, especialmente al presidente López Obrador, para realizar posicionamientos políticos y promover su imagen y la de su partido.
La segunda parte afectó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Estas reformas implicaban restricciones al presupuesto y a las facultades del INE. Partidos de oposición y grupos activistas interpretaron estas modificaciones como un intento de control para manipular las elecciones.
La Suprema Corte no examinó en detalle la constitucionalidad de las reformas, sino que consideró que las violaciones al procedimiento legislativo fueron lo suficientemente graves como para invalidarlas.
Los nueve ministros que votaron en favor de esta postura anteriormente volvieron a hacerlo en la sesión de este jueves, demostrando coherencia. Solo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la anulación del “plan B”, argumentando que las violaciones cometidas por los legisladores no tenían un impacto suficientemente significativo para invalidarlo.
(Con información de Zedryk Raziel, de El País, redactado y revisado con apoyo de ChatGPT y analizado a profundidad en la redacción de am antes de su publicación).
HEP