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Los comicios del domingo estarán marcados tanto por los presentes como por los ausentes en las papeletas, pues las autoridades descalificaron a algunos de los principales contendientes.
La primavera pasada, una magistrada guatemalteca entró en una reunión en la embajada estadounidense y sacó una gran cantidad de efectivo. Según dijo, el dinero era un soborno de uno de los aliados más cercanos del presidente.
La magistrada, Blanca Alfaro, forma parte del Tribunal Supremo Electoral, la autoridad que supervisa las elecciones del país. Alfaro dijo que le entregaron el soborno para influir en las elecciones de Guatemala, según un funcionario estadounidense que fue informado sobre el encuentro y una persona que estuvo presente y solicitó mantener su anonimato por no estar autorizada para discutir los detalles de la reunión privada.
Los diplomáticos estadounidenses se sorprendieron por la desfachatez del episodio, pero no por los señalamientos. En el volátil clima político que reina en Guatemala en las vísperas de las elecciones presidenciales del domingo ha habido una constante: un bombardeo de ataques continuo contra las instituciones democráticas por parte de quienes están en el poder.
En un país que ha pasado de ser un escenario donde se erradicaba la corrupción a otro en el que decenas de altos funcionarios anticorrupción se han visto obligados a exiliarse, la primera vuelta de la votación estará marcada tanto por quienes aparecen en la papeleta como por los ausentes.
El organismo electoral del país ha descalificado a todos los candidatos serios que podrían desafiar el statu quo, encarnado por el presidente Alejandro Giammattei, un conservador al que los críticos acusan de llevar el país hacia la autocracia y que no puede contender por un nuevo mandato.
Los demás candidatos son personas vinculadas a algún segmento de la élite política o económica. Junto a sus nombres en la papeleta de votación habrá varias casillas en blanco, que representan a cuatro candidatos que fueron excluidos del proceso por la autoridad electoral.
La magistrada Alfaro les dijo a los funcionarios estadounidenses que había recibido el soborno de Miguel Martínez, un confidente cercano de Giammattei y funcionario clave de su partido, según afirman tanto la persona que asistió a la reunión como el funcionario estadounidense.
Alfaro también dijo que la suma de dinero ascendía a 50.000 quetzales guatemaltecos (el equivalente a más de 6000 dólares), según la persona que estuvo presente en el encuentro. El Times no ha corroborado la afirmación de la magistrada Alfaro sobre el soborno. En una entrevista, Alfaro negó que fuera a la embajada e hiciera esa acusación.
“No me he reunido con Miguel Martínez”, le dijo a The New York Times. Y añadió: “Dudo que a la embajada se puedan ingresar 50.000 quetzales porque uno tiene que pasar por muchas medidas de seguridad”.
Por su parte, Martínez negó haber sobornado a la magistrada Alfaro y afirmó que nunca se ha reunido con ella. Dijo que estaba al tanto de un esfuerzo por parte de personas que no pudieron participar en las elecciones para involucrarlo “en alguna situación legal” con la Embajada de Estados Unidos.
“Ahora nos estamos dando cuenta que en la situación legal que me están tratando a mí de involucrar para afectar al tema del proceso electoral que se está llevando a cabo de una manera limpia y democrática, es esto”, dijo Martínez.
Luego, en una declaración grabada en video que circuló ampliamente en las redes sociales, Martínez dijo a unos periodistas que el Times pronto publicaría un relato de la visita de Alfaro a la embajada. “Esto es algo malicioso que ellos quieren hacer para desestabilizar las elecciones”, dijo Martínez en el video.
Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de Alfaro y la respuesta de la embajada, una portavoz del Departamento de Estado, Christina Tilghman, dijo: “No confirmamos la existencia de supuestas reuniones ni discutimos el contenido de las discusiones diplomáticas”.
Tilghman dijo que siempre que el gobierno estadounidense recibe denuncias de corrupción que “cumplen los requisitos probatorios establecidos por la normativa y la legislación de Estados Unidos”, sanciona o castiga de otro modo a los implicados.
La actuación de la autoridad electoral ha hecho que grupos de defensa de los derechos civiles cuestionen si la contienda presidencial del domingo en realidad puede considerarse libre y justa.
“Legalidad no es lo mismo que legitimidad”, dijo Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción que ahora vive en Estados Unidos y forma parte de las decenas de fiscales y jueces que se han exiliado en los últimos años.
Sandoval afirma que la votación se verá empañada tanto por los fallos arbitrarios sobre quién puede postularse, como por el aumento de la financiación ilícita de campañas con fondos públicos.
Aunque representan tendencias ideológicas distintas, al menos tres de los candidatos excluidos inquietaron a las élites políticas de Guatemala.
Uno de ellos, Carlos Pineda, se posicionó como un empresario independiente que utilizó TikTok para surgir como favorito en las encuestas.
“Quince partidos accionaron en mi contra. Lo hicieron porque íbamos punteando en las encuestas y se determinaba que en primera vuelta íbamos a hacer historia y ganar las elecciones”, dijo Pineda refiriéndose al hecho de que si nadie obtiene más del 50por ciento de los votos, se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. “Para mí estas elecciones son ilegítimas”.
Otra candidata excluida, Thelma Cabrera, es una líder de izquierda proveniente de una familia que intenta organizar a los pueblos indígenas de Guatemala, que representan aproximadamente la mitad de la población, en una fuerza política unificada. El tercero, Roberto Arzú, es un dirigente de derecha de una familia de políticos que se ha posicionado como una fuerza opositora a las élites del país.
Giammattei, a quien la ley le prohíbe presentarse a la reelección, ha guardado silencio sobre la exclusión de varios de los principales aspirantes. En gran medida, la campaña se ha convertido en una contienda entre tres candidatos principales que se considera que pueden ofrecer cierta continuidad con el statu quo.
Sandra Torres fue primera dama de 2008 a 2011, cuando estaba casada con el presidente Álvaro Colom. Se divorciaron cuando Torres intentó postularse por primera vez como candidata a la presidencia en 2011, en un intento de sortear una ley que prohíbe que los familiares del presidente puedan presentarse como candidatos.
Torres fue detenida en 2019 en relación con violaciones de financiación de campaña, pero el caso fue cerrado por un juez en 2022 apenas unas semanas antes de que comenzara oficialmente la campaña, lo que le permitió postularse. Su plataforma destaca las promesas de ampliar los programas sociales, incluidas las transferencias de efectivo para los pobres.
Otra de las principales candidatas, Zury Ríos, es hija de Efraín Ríos Montt, quien fue dictador de Guatemala a principios de la década de 1980 y ordenó tácticas extremas contra la insurgencia guerrillera y posteriormente fue condenado por genocidio en una sentencia pionera de 2013 por intentar exterminar a los ixiles, un pueblo maya indígena de Guatemala.
Zury Ríos no se ha arrepentido de las acciones de su padre, y este año incluso llegó a negar</a> que un genocidio sucedió. Cristiana evangélica, ha ganado popularidad entre los conservadores tras aliarse con figuras que pretenden frenar las iniciativas anticorrupción. Tras su paso por el Congreso, donde hizo hincapié en temas relacionados con las mujeres, ha centrado su campaña presidencial en la adopción de políticas de seguridad de línea dura para combatir la delincuencia.
Edmond Mulet, otro de los principales aspirantes, fue diplomático y generalmente se inclina por puntos de vista conservadores. Mulet, cuyas propuestas incluyen la ampliación del acceso a internet y el suministro de medicamentos gratuitos, ha criticado la persecución de periodistas y fiscales, pero ha forjado vínculos con poderosas figuras políticas tradicionales, evitando el destino de los candidatos excluidos.
Los sondeos de las últimas semanas apuntan a que ninguno de los tres podrá obtener una mayoría suficiente el domingo, lo que forzaría a una segunda vuelta el 30 de agosto.
La contienda, según los expertos, revela lo efectiva que han sido los poderosos en erradicar cualquier fuente seria de disenso.
“El uso del sistema judicial como un arma está haciendo que se marchen algunas de las mentes más brillantes del país e intimida a quienes se quedan”, dijo Regina Bateson, académica de la Universidad de Ottawa especializada en Guatemala. En su opinión, esa situación ha originado unas “elecciones que socavan la democracia”.
c. 2023 The New York Times Company
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