Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha cumplido la suspensión definitiva que le ordena someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y otros requisitos legales, resolvió hoy una jueza federal.
Yadira Mena, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, declaró procedente y fundado un incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión concedida el pasado 25 de mayo, denunciado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
Requiérase a las autoridades Titular de la SEP, Titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Titular de la Dirección General de Materiales Educativos y Directora General de la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg), para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que queden legalmente notificadas de la presente resolución realicen, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los trámites tendentes a dar cumplimiento a la interlocutoria de 25 de mayo”, resolvió la jueza.
En casos de desacato a una suspensión, la Ley de Amparo prevé una serie de sanciones, entre ellas multas, hasta llegar a la denuncia penal ante la FGR.
La violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero es la FGR la que decide si se acusa a los funcionarios responsables.
Grupo Reforma publicó el 28 de junio que tanto la titular de la SEP, Leticia Ramírez, como el Director General de Materiales Educativos, Marx Arriaga, reportaron al juzgado que les era imposible remitir copias de los libros de texto de primaria y secundaria para el ciclo 2023-2024, porque a ellos no les toca imprimirlos ni distribuirlos.
Estas funciones corresponden a la Conaliteg, pero la planta de esa dependencia que imprime los libros, ubicada en Querétaro, también dijo estar “imposibilitada” para cumplir la suspensión.
“El procedimiento para la impresión de los libros de texto para la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, debe apegarse y cumplimentarse con cada una de las etapas que la ley prevé para tal efecto, pues solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales”, ordenó la jueza en la suspensión, que incluye una lista de seis pasos a seguir para acatar sus instrucciones.
Mientras más tiempo pase para que la jueza pueda verificar si se está acatando esta orden, crecen las probabilidades de que la SEP argumentará una situación de “imposibilidad jurídica y material” para cumplir, en la cual informaría que los únicos libros disponibles para ser distribuidos a tiempo son los ya rediseñados.
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