El gobierno de Oaxaca acabó en fast-track con el Tribunal de Justicia Administrativa del estado este 22 de julio; lo hizo en menos de 10 minutos, sin discusión ni análisis, violando normas, en un período extraordinario en sábado. Como ya ha ocurrido en el sexenio, los cambios se hicieron por supuestos actos de corrupción que los acusadores no se molestaron en tratar de comprobar. Era un simple pretexto para dar al gobernador un tribunal a modo.
La reforma se llevó a cabo en una sesión extraordinaria híbrida -presencial y virtual-con 34 de los 42 diputados estatales. Los legisladores actuaron después de que el gobernador expresó en varias ocasiones su “deseo” de que el legislativo reformara el tribunal, que calificaba de corrupto y de obstaculizar la transformación. No solo se omitieron trámites, sino que la sesión se hizo con una sola convocatoria, no con dos, como exige la ley. Los magistrados fueron destituidos sin importar que la Constitución les garantizaba estabilidad en el cargo. Se estipuló que la indemnización se pagaría solo si hay “suficiencia presupuestaria”, en violación a sus derechos laborales. Mientras se llevaba a cabo el golpe, un grupo de policías estatales tomó control del edificio del tribunal, como en un golpe de Estado.
En una segunda sesión extraordinaria, y por “votación económica”, los diputados crearon ese mismo sábado un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Los siete nuevos magistrados fueron propuestos por el gobernador y nombrados de inmediato por los diputados. Como de casualidad estaban cerca, prestaron juramento en 15 minutos.
Este nuevo tribunal no solo impartirá justicia administrativa, o sea, defenderá a los gobernados de los abusos del gobierno estatal, sino que además estará a cargo de la lucha contra la corrupción. Se convertirá en juez y parte en estos casos.
Preocupa el autoritarismo, la manera en que el gobernador acabó con el tribunal de un solo golpe. Si ya tenía el poder ejecutivo y el legislativo, ahora quiere dominar el judicial. Se está borrando así la división de poderes en el estado, como ha señalado la abogada Claudia de Buen Unna. Inquieta también el mensaje a jueces y magistrados de todo el país, como en el caso del encarcelamiento de la juez Angélica Sánchez por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Si los jueces no fallan como quieren los gobernadores, pagarán las consecuencias.
Jara no es el único gobernante del mundo que quiere controlar el poder judicial. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, logró ayer la aprobación de una iniciativa que impedirá a la Suprema Corte bloquear acciones inconstitucionales del gobierno. Miles de israelíes han protestado. Ernesto Zedillo cambió también la Suprema Corte en 1994, pero con una reforma que respetó la ley. Lo más importante es que eligió para las ternas a candidatos que él mismo no conocía y que no eran sus subordinados políticos. De esas designaciones salió, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero. Esa reforma, de hecho, dio independencia a la Corte mexicana.
No sé si legalmente se pueda detener el atropello de Oaxaca. Se violaron muchas normas para impulsar la nueva legislación. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que impedir el análisis y discusión es motivo para invalidar acciones legislativas. Lo más importante ahora, sin embargo, será defender la independencia de todos los tribunales del país. Una república necesita contrapesos. Solo los dictadores borran la independencia de los jueces.
Extremos
Los votantes españoles rechazaron los extremos. La ultraderechista Vox cayó de 53 a 32 escaños; la ultraizquierdista Unidas Podemos, convertida en Sumar, pasó de 35 a 31. En cambio, el Partido Popular, de centroderecha, aumentó de 89 a 136, y el Partido Socialista, de centroizquierda, subió dos, a 122. El problema es que los extremos serán necesarios para formar gobierno.
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