La gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus ilusiones”.
Friedrich Nietzsche
Una vez más el GIEI se ha retirado de México. La primera vez lo hizo el 30 de abril de 2016, todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Regresó a México por invitación de Andrés Manuel López Obrador. Este 25 de julio, ya con solo dos integrantes de los cinco originales, se ha vuelto a marchar tras entregar su sexto informe. Y se ha quejado nuevamente de que no ha podido avanzar por falta de transparencia de las fuerzas armadas, a pesar de que el presidente dio instrucciones a Sedena y Semar de que abrieran toda su información.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha buscado demostrar, junto con el llamado movimiento de Ayotzinapa, una organización política forjada en torno a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que el secuestro y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado”. En particular, los miembros del GIEI impulsaron la idea de que el crimen fue cometido con participación de las fuerzas armadas. El problema es que no hay pruebas. Descalificaron la “verdad histórica”, la hipótesis según la cual los normalistas fueron secuestrados por policías municipales que los entregaron a integrantes de Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron; fracasaron, sin embargo, en sus intentos por demostrar que las fuerzas armadas participaron en el crimen.
Las “pruebas” en el nuevo informe no son tales. Afirman nuevamente los integrantes del GIEI que el Ejército sabía lo que estaba ocurriendo en Iguala; de acuerdo, pero eso no le daba la facultad de intervenir sin petición de las autoridades civiles. En el nuevo documento describen actividades de elementos militares, pero ninguna es prueba de su participación en el secuestro u homicidio de los estudiantes. Dicen que los normalistas no fueron llevados al basurero de Cocula, donde presuntamente fueron quemados por lo menos 19 de los cuerpos, pero no dicen adónde los llevaron. Inventan una participación de la Marina, también sin pruebas.
El grupo político de López Obrador se comprometió con la idea de que “Fue el Estado” cuando estaba en la oposición, pero hoy que gobierna se incomoda ante esta tesis. El primer problema es la falta de pruebas. El informe sobre el caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2018, cuando todavía era independiente, señala las responsabilidades del Ejército y de la Marina, pero no son de participación, encubrimiento o fabricación de hechos. El GIEI no dice nada acerca de la recomendación de la CNDH para que 114 restos humanos hallados en Cocula sean enviados a Innsbruck para su identificación genética, porque esto demostraría que por lo menos algunos de los cuerpos fueron cremados. El GIEI no está interesado en encontrar qué pasó, sino en responsabilizar al Estado y a las fuerzas armadas.
La intención del GIEI fue siempre política. López Obrador los apoyaba cuando estaba en la oposición, y cuando él mismo rechazaba la militarización de la seguridad, pero ahora que es presidente, y busca decididamente esta militarización, las posiciones del GIEI se han vuelto incómodas.
Hay muchas cosas que no sabemos todavía acerca de lo ocurrido en la noche de Iguala, como lo señaló el detallado informe de la CNDH. Hay dudas y problemas en las investigaciones de Jesús Murillo Karam, pero la tesis fundamental de que los estudiantes fueron secuestrados por policías municipales y entregados a la banda de Guerreros Unidos, que los mataron y quemaron, sigue en pie. El GIEI quiso enturbiar la investigación en su afán político de culpar al Estado y a las fuerzas armadas. Por eso es bueno que se vayan.
Preprecampaña
Se supone que las precampañas no pueden empezar hasta noviembre de este año, pero el INE ya impuso un límite de gasto de 34.7 millones de pesos a las campañas de cada aspirante a precandidato. La ley no prevé esta preprecampaña.
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