En México se usa la justicia para cometer actos de injusticia. No es nuevo, pero el gobierno del “No somos iguales” lo está haciendo de manera sistemática.
Lo hemos visto ahora en el caso del fiscal Uriel Carmona de Morelos. Este fue detenido el 4 de agosto por un impresionante operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República, mayor a los que se usan para aprehender a capos del narcotráfico. Se le acusó de “delitos contra la procuración y administración de la justicia” relacionados con el caso de Ariadna Fernanda, la joven que desapareció de un bar de la Condesa en la Ciudad de México el 30 de octubre de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado el 2 de noviembre en la autopista México-Cuernavaca, en territorio de Morelos.
La acusación contra el fiscal surgió de una necropsia realizada por los servicios forenses de Morelos, que determinó que la joven falleció por broncoaspiración debido a una intoxicación alcohólica. La médica legista Jazmín Herrera Soto señaló en una conferencia de prensa que “sí existen lesiones, que en su momento se mencionaron y que se encuentran descritas en los informes, en extremidades superiores e inferiores”, pero se trata de equimosis, es decir, moretones, que no afectan órganos vitales ni provocaron la muerte. “No hay margen de error”, afirmó. Una necropsia de la Fiscalía de la Ciudad de México, por el contrario, declaró que la joven había sido víctima de un feminicidio.
En un régimen de derecho se buscaría una tercera necropsia, pero no en México. La fiscal capitalina Ernestina Godoy ordenó la aprehensión de su colega morelense, en una detención absurda porque el fiscal simplemente aplicó la información obtenida en la necropsia. Un juez capitalino vinculó a proceso al fiscal por “retardo de justicia”; pero como el presunto delito no implica prisión preventiva oficiosa, se le dictó prisión preventiva “justificada”, la cual se ha hecho común en casos contra “enemigos” del régimen.
Si el “retardo de justicia” se castigará siempre, todos los fiscales y jueces del país estarían en la cárcel, como me comentó la abogada Claudia de Buen Unna, pero el motivo real de la aprehensión es otro. Carmona no fue detenido por proponer una hipótesis distinta a la de la fiscalía capitalina, sino porque ha sido un fiscal incómodo para el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco. Ayer el presidente afirmó que la detención “fue legal”, cosa que no le toca decidir, porque “él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la ciudad de México. Había mucho interés de proteger al fiscal”. Esto ratifica que, efectivamente, el fiscal era un problema para el régimen.
No es la primera vez que se encarcela a alguien por el delito de ser incómodo al gobierno. Tenemos el caso del exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado de presentar una hipótesis de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, avalada por pruebas y confesiones, que al actual gobierno no le gusta. La juez Angélica Sánchez fue encarcelada por acatar el fallo de un tribunal de amparo que la obligaba a revisar el proceso de un empresario acusado de haber cometido un homicidio, a cientos de kilómetros de donde se encontraba, pero que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, considera culpable.
Yo no sé si Ariadna Fernanda murió por broncoaspiración o por golpes, pero no es un tema que deba resolverse encarcelando a fiscales. Tan inapropiada es la detención de Carmona como lo habría sido la de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, por Carmona. Tristemente, cada vez es más común en nuestro país que las diferencias jurídicas se quieran resolver con órdenes de aprehensión.
Comisión
Ayer fue atacada a balazos la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. No hubo víctimas. La institución había cuestionado previamente la detención del fiscal Carmona y su traslado a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina.
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