En su obra “Areopagítica”, el poeta británico, John Milton, hizo la gran defensa moderna de la libertad de expresión. Muy importante en su argumento fue que esta libertad era una garantía para los individuos y comunidades frente al poder estatal o eclesiástico.
Esto viene a cuento debido a un malentendido que ha estado circulando desde hace tiempo. A saber: que el despliegue de la autoridad del Presidente -una de las tres máximas autoridades del Estado mexicano- equivale al derecho de expresión que tiene un ciudadano. Al respecto una Corte Federal ha expresado su opinión, según la cual un Presidente que critica a un ciudadano desde el Ejecutivo puede estar abusando de su poder. En cambio no existe la misma evaluación de la actuación de un ciudadano sin autoridad estatal.
Para decirlo en forma breve: una persona que detenta un poder de Estado tiene límites en su libertad de expresión que no tiene un ciudadano. Esto es un punto crucial del pensamiento liberal y republicano.
Esta distinción se encuentra en el corazón de la estrategia que propone el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Uno de los derechos que se están tratando de defender es el de réplica ante denostaciones del Presidente en sus conferencias matutinas. Este Consejo ya ha puesto en práctica su estrategia en varios casos que implican a Jueces, periodistas, líderes de opinión, comunicadores y ciudadanos en general, que han expresado opiniones distintas a la de los gobernantes.
De hecho, el abuso de poder que se manifiesta en agresiones verbales por parte del Presidente no sólo no es una forma de libertad de expresión sino que constituye, por el contrario, una forma de inhibir, desde el poder, la libertad de expresión de ciudadanos y ciudadanas.
El Presidente comete un error al pensar que sus constantes agresiones desde el púlpito mañanero constituyen ejemplos de derecho de réplica. En cambio, constantemente él ha inhibido el derecho de réplica de otros, como lo hizo en el caso célebre de Xóchitl Gálvez.
Un problema mayor derivado de esto es la relación que puede existir entre el discurso agresivo del Presidente y actos de violencia física que han ocurrido contra disidentes del discurso oficial. Ya el poeta Gabriel Zaid hizo una extensa compilación de los epítetos belicosos con que el Presidente se refiere a quien él denomina sus adversarios, que en realidad considera sus enemigos. En el ambiente crispado en el que vivimos estás palabras se pueden traducir en acciones. No obstante que se le ha recordado al Presidente, en innumerables ocasiones, que debe ser mesurado en su lenguaje debido a su grave investidura, él continúa lanzando dardos envenenados en forma de palabras. Esto no genera la concordia necesaria en nuestro país, cuyo primer garante debería ser el propio detentador del poder presidencial. Por más que hable de República, López Obrador parece no entender que el genuino espíritu republicano entraña la utilización de un lenguaje pacificador en lugar de uno polarizador.
Afortunadamente, en nuestra sociedad plural existen otras fuerzas de poder además del Presidencial. Uno de ellos es el poder ciudadano, manifestado, de manera ejemplar, por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.